El Parlamento de Portugal aprobó este viernes un proyecto de ley que prohíbe cubrirse el rostro en los espacios públicos del país, una iniciativa respaldada por los partidos de derecha y extrema derecha que ahora deberá ser analizada por el presidente António José Seguro, quien tendrá la facultad de promulgarla, vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional para que evalúe su legalidad.
La propuesta, impulsada por el partido de extrema derecha Chega, ha generado un intenso debate político y social debido a las implicaciones que podría tener sobre la libertad religiosa y los derechos fundamentales.
Aprobación con respaldo de la derecha
Tras la votación en el Parlamento, los diputados de Chega celebraron la aprobación con una prolongada ovación de pie, mientras su líder, André Ventura, compartió en la red social X un mensaje en el que afirmó:
«Quien odia nuestra cultura puede volver a su país».
La iniciativa contó con el respaldo de los partidos que integran el Gobierno, el Partido Social Demócrata (PSD) y el CDS-PP, además de Iniciativa Liberal (IL) y Chega.
En contraste, votaron en contra el Partido Socialista (PS), Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP), mientras que otras agrupaciones optaron por la abstención.
Argumentos del proyecto
En el texto aprobado, Chega sostiene que la medida busca reforzar la seguridad pública y proteger la dignidad de las mujeres.
Sus promotores argumentan que varios países europeos ya cuentan con legislaciones similares y consideran que Portugal debe adoptar normas que garanticen tanto la identificación de las personas en espacios públicos como el respeto a los principios del Estado de derecho.
Durante las negociaciones con el oficialista PSD, el enfoque del proyecto pasó de centrarse en aspectos religiosos a priorizar argumentos relacionados con la seguridad ciudadana.
De penas de prisión a sanciones económicas
La versión inicial del proyecto contemplaba penas de hasta tres años de prisión para quienes incumplieran la norma.
Sin embargo, tras más de ocho meses de negociaciones parlamentarias, el texto definitivo sustituyó esa sanción por multas económicas.
La propuesta establece sanciones de entre 200 y 2.000 euros cuando la infracción sea considerada por negligencia y de entre 400 y 4.000 euros cuando exista intención deliberada.
Críticas por posible discriminación
La iniciativa ya había sido aprobada en una primera votación en octubre del año pasado, generando una fuerte polémica dentro y fuera de Portugal.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, manifestaron su rechazo al proyecto, al considerar que puede resultar discriminatorio y afectar los derechos fundamentales de las mujeres que deciden utilizar velos que cubren el rostro por motivos religiosos o personales.
Los críticos sostienen que la medida podría vulnerar la libertad de religión y expresión, mientras que sus defensores insisten en que responde exclusivamente a razones de seguridad e identificación ciudadana.
La decisión queda ahora en manos del presidente
Con la aprobación parlamentaria, el proyecto entra en su etapa final de tramitación.
El presidente António José Seguro deberá decidir si promulga la ley para su entrada en vigor, ejerce su derecho de veto o solicita un pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes de que la normativa pueda aplicarse en todo el territorio portugués.
La decisión presidencial será determinante para el futuro de una legislación que ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública, la integración cultural y la protección de los derechos y libertades individuales en Portugal.
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