El juicio del denominado caso Triple A entró en una nueva fase este fin de semana con la presentación de una de las pruebas documentales que la Fiscalía considera clave dentro de la investigación por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de hidrocarburos.
El proceso se reanudó el sábado 18 de julio y continuó este domingo 19 de julio de 2026 en Quito. Entre los 22 procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con representantes y operadores vinculados al segmento naviero de distribución de combustibles.
La diferencia que investiga la Fiscalía
La acusación sostiene que existe una diferencia de 9’070.353 galones de diésel industrial entre el volumen despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., empresa que operaba desde el Astillero Esperanza del Mar (Astiesmar), en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí.
De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024, Petroecuador habría entregado a Ternape 66’034.174 galones de diésel industrial.
Sin embargo, los registros de facturación de la empresa reflejan la comercialización de 56’963.821 galones, lo que deja la diferencia de más de nueve millones de galones que ahora es analizada por el Tribunal.
Para la Fiscalía y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), esa diferencia constituye uno de los principales indicios del presunto desvío de combustibles subsidiados.
“¿Dónde están esos 10 millones de galones?”
El director ejecutivo de la ARCH, Christian Puente, ha señalado públicamente que el volumen no facturado debe ser justificado por el operador naviero.
“El operador recibió de Petroecuador 66 millones de galones y facturó únicamente 56 millones. ¿Dónde están esos 10 millones de galones? Son galones que deberán justificar”, afirmó el funcionario en entrevistas recientes.
Puente explicó que, si el combustible no fue comercializado, debería encontrarse almacenado físicamente en las instalaciones de la empresa.
Sin embargo, la ARCH tiene registrado un tanque con capacidad aproximada de 250.000 galones, volumen muy inferior a la diferencia detectada.
Aunque el funcionario redondeó la cifra a 10 millones de galones, el expediente judicial establece con precisión una diferencia de 9’070.353 galones, cantidad que supera ampliamente la capacidad de almacenamiento reportada por la empresa.
El papel de Ternape en la investigación
Según la acusación, Ternape Petroleum S.A. era un operador autorizado para abastecer al segmento naviero a través de los centros de distribución Corpalvah S.A. y Corpalvah NI.
La Fiscalía sostiene además que Aquiles Alvarez figuró como representante de la compañía y de esos centros de distribución durante parte del período investigado.
Los reportes de Petroecuador, los registros tributarios y los informes técnicos de la ARCH fueron utilizados para reconstruir el recorrido del combustible y las operaciones comerciales realizadas por la empresa.
Ventas consideradas irregulares
Además de la diferencia entre el combustible recibido y el facturado, la Fiscalía presentó informes técnicos que señalan operaciones que la ARCH considera irregulares.
Según esos documentos, Ternape habría vendido diésel a empresas como:
- Corpalubri S.A.
- Indudiesel S.A.
- Bienpetrol S.A.
- Fuelcorp S.A.
La autoridad de control sostiene que el operador no contaba con autorización para comercializar combustible con esos clientes.
Los informes detallan las siguientes ventas:
- 957.450 galones de diésel premium a Corpalubri entre 2021 y 2023.
- 99.839 galones a Bienpetrol en 2023.
- 53.459 galones a Indudiesel en 2023.
- 101.000 galones a Fuelcorp.
Para la ARCH, estas operaciones representarían un presunto incumplimiento de la cadena legal de comercialización de hidrocarburos.
Facturación a una embarcación internacional
El expediente también analiza las ventas registradas por Ternape a Txopituna S.L., identificada en la documentación como una embarcación internacional.
Con base en información del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía sostiene que entre 2021 y 2024 la empresa facturó a ese cliente 5’509.213 galones de combustible, equivalentes a aproximadamente 12,63 millones de dólares.
La acusación afirma que parte de ese combustible no tendría un origen plenamente justificado dentro de los despachos autorizados para el segmento naviero internacional, aspecto que también forma parte de la prueba documental presentada durante el juicio.
Clausura temporal de la empresa
Como antecedente del caso, la ARCH clausuró temporalmente Ternape el 23 de septiembre de 2024 por una presunta venta ilegal de combustibles.
La medida fue ejecutada en las instalaciones de la empresa, ubicadas en el Astillero Esperanza del Mar, con apoyo de la Policía Nacional y autoridades locales.
Ese procedimiento administrativo forma parte de los antecedentes que dieron origen a la investigación penal que hoy se ventila en los tribunales.
Posturas enfrentadas en el juicio
Durante las audiencias, la defensa de los procesados ha sostenido que las empresas investigadas actuaban únicamente como intermediarias dentro de la cadena de distribución de combustibles y que no tenían responsabilidad sobre el destino final del producto.
La Fiscalía y la ARCH mantienen una posición distinta.
Ambas entidades sostienen que, conforme a los contratos suscritos con Petroecuador y a la normativa vigente, los operadores autorizados tenían obligaciones específicas de:
- custodiar el combustible,
- garantizar su trazabilidad,
- verificar el destino del producto,
- y cumplir estrictamente con el segmento para el cual fueron autorizados.
El Tribunal continuará analizando la documentación presentada por las partes en las próximas jornadas, mientras el caso se mantiene como uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y económico relacionados con el control de combustibles en el país.
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