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Contraloría observa la suspensión de los radares en Cuenca y la EMOV analizará posibles acciones

La Contraloría General del Estado emitió un informe en el que señala observaciones relacionadas con el funcionamiento de los radares de control de velocidad en Cuenca, dispositivos que fueron adquiridos para cumplir una función específica dentro del sistema de seguridad vial.

El gerente general de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP), Edison Moscoso, confirmó que la institución recibió el informe del organismo de control, el cual cuestiona la decisión de mantener inactivos estos equipos.

Según explicó Moscoso, el documento de la Contraloría sostiene que los equipos de seguridad vial deben permanecer operativos, debido a que fueron planificados, adquiridos e implementados con recursos públicos para contribuir al control del tránsito y la prevención de accidentes.

«Hay observaciones en el sentido de que los equipamientos de seguridad vial tienen que estar funcionando. Si la Corporación Municipal, a través de la EMOV EP, los adquirió, los planificó y los puso en funcionamiento, se pregunta por qué razón dejaron de operar», manifestó el funcionario.

El gerente de la EMOV informó además que, en los próximos días, el informe será presentado ante el Directorio de la EMOV EP, donde se incluirá como punto del orden del día para su análisis. Será este organismo el que evalúe las observaciones formuladas por la Contraloría y adopte una decisión sobre el futuro de los fotorradares en la ciudad.

Cabe recordar que los fotorradares de la EMOV EP dejaron de emitir multas tras la decisión adoptada en 2023 por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien dio por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato con la empresa encargada de su operación. Desde entonces, los dispositivos han permanecido activos únicamente con fines preventivos, funcionando como pantallas informativas que muestran la velocidad de los vehículos, pero sin generar sanciones para los conductores.

El pronunciamiento de la Contraloría reabre el debate sobre el uso de estos equipos y plantea la necesidad de definir si deberán retomar su función original como mecanismos de control y sanción o continuar operando únicamente con fines preventivos.

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