La investigación penal denominada “caso BB”, que involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, pone bajo la lupa una presunta estructura financiera en la que también aparecen varios integrantes de su círculo familiar y empresarial.
La Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos contra seis personas y dos empresas. Todos los procesados recibieron prisión preventiva después de la audiencia de formulación de cargos iniciada el 28 de julio de 2026. (Primicias)
La investigación se originó en un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre movimientos superiores a USD 9 millones entre 2023 y 2025 que, según la Fiscalía, no guardarían relación con actividades económicas justificables. (Primicias)
El exalcalde, en el centro de la investigación
Baldor Bermeo fue alcalde de Camilo Ponce Enríquez entre 2019 y 2023 y mantiene actividades empresariales vinculadas principalmente al sector minero.
Dentro de la investigación aparece relacionada BBC Golden S.A., compañía que, según la hipótesis fiscal, habría participado en operaciones de comercialización y exportación de oro cuyo origen lícito no estaría determinado.
Las autoridades también investigan posibles conexiones entre estas operaciones, la minería ilegal y la distribución ilícita de explosivos, considerados por la Fiscalía como posibles delitos precedentes del presunto lavado de activos. (Primicias)
Durante los allanamientos realizados en Azuay y El Oro, los agentes decomisaron más de USD 250.000 en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y vehículos, entre otros indicios que ahora forman parte de la investigación. (Primicias)
Una investigación que alcanza al entorno familiar
La Fiscalía también puso bajo análisis las relaciones comerciales y financieras de personas cercanas al exalcalde.
Entre los procesados se encuentran su pareja, hija y yerno, además de otros integrantes de su entorno familiar. Según la información difundida sobre el expediente, las relaciones familiares coincidirían con vínculos societarios, laborales y comerciales entre varias compañías.
La Fiscalía sostiene que determinadas operaciones financieras y comerciales podrían haber servido para introducir, movilizar o dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen estaría bajo investigación.
No obstante, estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser demostradas durante las diferentes etapas del proceso judicial.
Millones bajo análisis
Uno de los principales elementos de la investigación es el movimiento de aproximadamente USD 9,9 millones registrado entre 2023 y 2025.
De acuerdo con la Fiscalía, el presunto esquema habría incluido diferentes mecanismos para mover los recursos mediante empresas, operaciones comerciales, facturación y transacciones relacionadas con el sector minero.
La hipótesis fiscal contempla tres etapas características del lavado de activos: colocación, estratificación e integración.
En ese contexto, los investigadores analizan depósitos en efectivo, transferencias, facturación entre compañías y operaciones relacionadas con oro.
Empresas mineras bajo investigación
El expediente también analiza varias compañías vinculadas directa o indirectamente con los procesados.
Según información publicada a partir del expediente fiscal, una de las líneas de investigación apunta a determinar si determinadas empresas fueron utilizadas como instrumentos para realizar transacciones que permitieran justificar recursos de origen presuntamente ilícito.
La Fiscalía también investiga exportaciones de oro sobre las cuales no se habría determinado de manera suficiente el origen lícito del mineral. (Primicias)
Presuntos vínculos con Los Lobos
Otro de los elementos que ha generado mayor repercusión es la acusación de las autoridades sobre una posible relación entre la estructura investigada y la organización criminal Los Lobos.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló a Baldor Bermeo como presunto financista de esa organización. La Fiscalía, por su parte, investiga posibles conexiones entre la estructura económica, la minería ilegal y la distribución de explosivos. (Primicias)
Estas acusaciones forman parte de la investigación y no constituyen una sentencia judicial contra los procesados.
Prisión preventiva para los seis procesados
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dispuso prisión preventiva para las seis personas procesadas, además de medidas sobre bienes vinculados al período investigado.
La justicia también ordenó la inmovilización y congelamiento de cuentas, así como la prohibición de enajenar determinados bienes adquiridos durante el período que está bajo investigación. (ECUAVISA)
El proceso continuará mientras Fiscalía profundiza en la trazabilidad del dinero, las operaciones empresariales y las posibles conexiones entre las actividades mineras y financieras investigadas.
Una investigación que recién comienza
El caso BB abre una nueva investigación de alto impacto en Azuay y El Oro, con tres grandes líneas bajo análisis: el presunto lavado de activos, las operaciones relacionadas con el oro y la posible conexión con actividades de minería ilegal y distribución de explosivos.
La situación jurídica de los procesados deberá definirse conforme avance el proceso judicial, mientras Fiscalía busca determinar el origen de los recursos y establecer si existió realmente una estructura organizada para introducir dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero.
Todos los procesados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
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