La actividad inmobiliaria en Ecuador podría entrar en una nueva etapa de regulación. La Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana impulsa una propuesta de reforma destinada a fortalecer el control sobre quienes se dedican a la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles.
La iniciativa plantea la creación de un Registro Único Inmobiliario, mediante el cual los ciudadanos puedan identificar a los profesionales autorizados para ejercer esta actividad y verificar información relacionada con su formación, empresa y posibles sanciones.
La propuesta surge en medio del crecimiento que experimenta el mercado inmobiliario ecuatoriano, particularmente en ciudades como Manta, donde el desarrollo de proyectos residenciales y turísticos ha incrementado la demanda de viviendas, departamentos y terrenos.
Una normativa que, según el gremio, necesita actualizarse
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, Adrián Rodríguez, sostiene que la legislación vigente quedó rezagada frente a las nuevas características del mercado.
Según el dirigente, la actual Ley de Corredores de Bienes Raíces, vigente desde hace aproximadamente cuatro décadas, no cuenta con mecanismos suficientes de control, sanciones ni una autoridad específica que supervise de manera integral el ejercicio de esta actividad.
A esto se suma la transformación digital del sector. Actualmente, los agentes inmobiliarios deben desenvolverse en ámbitos que incluyen normativa urbanística, protección de datos personales, prevención de lavado de activos, análisis financiero y aspectos legales relacionados con la propiedad.
Para Rodríguez, la ausencia de controles facilita que personas sin preparación o autorización ofrezcan inmuebles al público, generando una competencia desigual frente a quienes ejercen formalmente la profesión.
Alertan sobre posibles estafas inmobiliarias
Uno de los principales argumentos para impulsar la reforma es la necesidad de reducir los riesgos para compradores y vendedores.
El gremio asegura haber recibido denuncias relacionadas con personas que entregaron anticipos por viviendas o proyectos inmobiliarios que finalmente no existían o nunca llegaron a ejecutarse.
También se han identificado ofertas difundidas a través de redes sociales con precios considerablemente inferiores a los valores habituales del mercado, una estrategia que puede utilizarse para atraer potenciales compradores.
El problema se agrava cuando los interesados realizan transferencias de dinero sin comprobar previamente la identidad del vendedor, la documentación del inmueble, la situación jurídica de la propiedad o los permisos correspondientes.
Registro Único Inmobiliario: ¿qué permitiría verificar?
La propuesta contempla que el Registro Único Inmobiliario sea administrado por una entidad estatal y pueda ser consultado por cualquier ciudadano.
La intención es que, antes de iniciar una negociación, una persona pueda comprobar si el agente inmobiliario está habilitado para ejercer.
Entre la información que se busca incorporar estarían:
- Identidad del agente inmobiliario.
- Formación y preparación profesional.
- Empresa o compañía a la que pertenece.
- Habilitación para ejercer la actividad.
- Posibles sanciones relacionadas con su ejercicio profesional.
De acuerdo con la Cámara, este mecanismo permitiría aumentar la transparencia y brindar mayores garantías a quienes realizan operaciones que, en muchos casos, representan inversiones importantes para las familias.
Profesionalizar el sector
La agente inmobiliaria Ámbar Quijije considera que una regulación actualizada también contribuiría a profesionalizar la actividad.
Quienes trabajan formalmente deben cumplir obligaciones tributarias, requisitos legales y procedimientos destinados a proteger a sus clientes. Sin embargo, según el gremio, todavía existe un número importante de personas que comercializan propiedades sin contar con una acreditación profesional o una responsabilidad jurídica clara frente al comprador.
La informalidad, advierten, puede generar problemas que van desde la especulación de precios y la publicidad engañosa hasta posibles operaciones vinculadas con delitos financieros.
Las redes sociales también se han convertido en un nuevo escenario para estas prácticas, con publicaciones que promocionan terrenos y viviendas utilizando información incompleta, precios poco realistas o incluso ubicaciones que no corresponden con el inmueble ofrecido.
Manta, uno de los mercados con mayor crecimiento
La discusión adquiere especial relevancia en Manta, ciudad que en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo inmobiliario.
Durante 2025, según la información proporcionada por el gremio, la ciudad registró inversiones superiores a USD 170 millones en proyectos del sector, impulsadas por el crecimiento urbano, incentivos municipales y el interés de compradores nacionales y extranjeros.
La oferta incluye departamentos frente al mar, proyectos residenciales y nuevos desarrollos comerciales.
Este crecimiento, sin embargo, también incrementa la necesidad de contar con mecanismos que permitan verificar quiénes participan legalmente en las operaciones inmobiliarias.
Más seguridad para quienes invierten
Para la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, el objetivo de la reforma no es limitar el mercado, sino establecer reglas claras y brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.
La creación de un registro público permitiría que una persona pueda verificar a quién está confiando la venta, compra o alquiler de un inmueble antes de entregar dinero o firmar documentos.
La propuesta abre así un debate sobre la necesidad de modernizar la regulación de un sector que mueve importantes recursos en el país y que, al mismo tiempo, enfrenta el desafío de combatir la informalidad y proteger a los consumidores.
La iniciativa deberá avanzar por las instancias correspondientes antes de convertirse en una nueva normativa para el sector inmobiliario ecuatoriano.
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