Un operativo policial realizado el pasado 12 de marzo en la parroquia El Valle permitió el rescate de un hombre que permanecía secuestrado en el interior de una vivienda arrendada. El hallazgo, que conmocionó a los vecinos del sector, ha reactivado la discusión sobre la necesidad de establecer mayores controles sobre los contratos de arrendamiento en el cantón Cuenca.
Según relataron los moradores de la zona, la casa había sido alquilada hacía aproximadamente un mes por una pareja joven, supuestos familiares de una residente del barrio. Durante ese tiempo, la vivienda permanecía la mayor parte del día cerrada, situación que despertaba algunas sospechas, aunque nadie imaginó el desenlace.
La propietaria del inmueble, visiblemente consternada, aseguró desconocer las actividades ilícitas de sus inquilinos. “Nosotros arrendamos la casa de buena fe, nunca pensamos que se trataba de personas peligrosas. La chica nos dijo que trabajaba como empleada doméstica y que solo venía los fines de semana, y que su esposo estudiaba y llegaba por las noches”, explicó.
Un llamado a reforzar el control en los arriendos
El caso ha encendido nuevamente las alarmas respecto al uso indebido de inmuebles arrendados. La concejala Jenny Bermeo, quien lleva adelante una propuesta de ordenanza para regular el registro de contratos de arrendamiento en el cantón, sostiene que este tipo de hechos evidencian un vacío legal que es urgente corregir.
“Existen denuncias de viviendas utilizadas como prostíbulos clandestinos, bodegas de mercadería robada y ahora como lugares donde se cometen delitos de mayor gravedad”, advirtió Bermeo. Según detalló, su iniciativa, denominada Ordenanza de Registro de Contratos de Arrendamiento del Cantón Cuenca, busca crear un catastro de arrendatarios que permita mejorar la seguridad en los barrios y dar seguimiento al uso legal de los bienes inmuebles.
La normativa obligará a los propietarios a inscribir sus contratos en el Municipio, para lo cual deberán presentar una copia del documento notariado, además de las cédulas de identidad tanto del arrendador como del arrendatario.
Un instrumento para planificar la seguridad
La información recopilada servirá como insumo para coordinar programas de seguridad ciudadana y agilizar la respuesta de la Policía Nacional ante eventuales denuncias. “Este registro también protegerá a los propietarios de situaciones de abuso, como inquilinos que no paguen sus rentas o se nieguen a desocupar los inmuebles”, explicó Bermeo.
La propuesta ya fue socializada en sectores con alta densidad de viviendas en alquiler, entre ellos El Vecino, Yanuncay, El Arenal Alto y Totoracocha, donde la preocupación vecinal es creciente. La concejala confirmó que el proyecto también fue presentado ante la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Azuay (ACBIR).
La visión legal: un requisito básico para la seguridad
Para el abogado David Jara, especialista en derecho inmobiliario, la creación de un catastro de arrendatarios no representa una traba burocrática, sino una herramienta esencial para fortalecer la seguridad ciudadana. “Algunos propietarios, por obtener una ganancia inmediata, arriendan sin verificar a quién. Luego vienen las consecuencias. Si hay que esperar unos días para completar la documentación, debe hacerse, porque la ley tiene que primar sobre la urgencia económica”, afirmó.
Jara también recomendó que los arrendadores soliciten antecedentes judiciales a quienes buscan alquilar sus propiedades, sin distinción de nacionalidad.
Más propuestas para garantizar la tranquilidad ciudadana
Víctor Quito, presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, subrayó la necesidad de implementar medidas adicionales en el marco de la ordenanza. Una de sus propuestas es establecer una tabla referencial de precios de arriendo, como un mecanismo para identificar operaciones sospechosas. “Cuando alguien está dispuesto a pagar un valor inusualmente alto por un arriendo, podría ser indicio de que tiene otros intereses”, advirtió.
Quito además insistió en ampliar la socialización del proyecto de ordenanza y promover la participación activa de la ciudadanía en su debate. “Es clave habilitar la silla vacía en el Concejo Cantonal, para que los dirigentes barriales podamos aportar con nuestras propuestas en la construcción de esta normativa”, puntualizó.
Próximos pasos
El borrador de la ordenanza fue presentado ante el Concejo Cantonal el 26 de noviembre de 2024 y se encuentra a la espera del informe de Sindicatura que debe emitir el alcalde Cristian Zamora. Una vez aprobado este paso, el proyecto pasará al primer debate en el pleno del Concejo.
La inscripción del contrato de arrendamiento tendría un costo simbólico de 2,37 dólares, según contempla la propuesta, que responde a la creciente preocupación ciudadana sobre el mal uso de propiedades alquiladas en el cantón.
Sectores priorizados para la socialización
Hasta el momento, la propuesta ha sido expuesta en cuatro sectores donde el arrendamiento es especialmente alto: El Vecino, Yanuncay, El Arenal Alto y Totoracocha. Según datos preliminares, estos barrios concentran un importante número de viviendas en renta y han sido escenario de denuncias ciudadanas relacionadas con actividades ilícitas.
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