El proyecto minero Loma Larga, ubicado en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón, vuelve a estar bajo el foco público tras la reactivación de sus operaciones. A pesar de la controversia y oposición de sectores sociales, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) anunció el 19 de mayo que se ha cumplido con el requisito de consulta previa en la comunidad de Escaleras, lo que permitiría a Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador S.A. avanzar hacia la fase de construcción a finales de 2025 y comenzar la extracción de oro en 2027.
La consulta fue ordenada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay en agosto de 2023, tras la suspensión del proyecto por no haber incluido a la comunidad de Escaleras en los procesos participativos. No obstante, líderes comunitarios y organizaciones sociales han rechazado el proceso, alegando que no fue una consulta previa, libre e informada, sino una socialización sin garantías efectivas de participación.
En diálogo con este medio, Emilio Suárez, abogado de DPM Ecuador S.A., defendió la legalidad y validez del procedimiento.
“La consulta previa tomó más de un año y contó con el acompañamiento técnico de la OIT y de la Defensoría del Pueblo. Se cumplieron los estándares normativos, constitucionales y jurisprudenciales”, afirmó.
Según Suárez, el proceso incluyó varias etapas y se desarrolló en lugares como el Templete de Tarqui, por pedido expreso de la comunidad. Indicó también que se garantizó la libertad de participación pese a las tensiones locales, con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a solicitud de los propios moradores.
¿Consulta o socialización?
Frente a los señalamientos de que el proceso fue una simple socialización, Suárez insistió en que se trató de una consulta válida:
“En el informe del Ministerio de Energía y Minas consta que el consentimiento fue otorgado por escrito por parte de la comunidad. Es un proceso válido, supervisado por entidades competentes como la Secretaría de Derechos Humanos y la OIT”.
No obstante, reconoció que la comunidad de Escaleras no se encontraba inicialmente dentro del área de influencia directa del proyecto, lo que explica, según él, por qué no se realizó la consulta desde un inicio.
“Escaleras está a más de 17 kilómetros en línea recta del proyecto. Aun así, se acató la orden de la Corte para incluirla”, señaló.
Cuestionamientos desde lo técnico y lo político
Uno de los puntos de fricción es el posible impacto ambiental, especialmente en las fuentes hídricas que abastecen a Cuenca. ETAPA EP, empresa municipal de agua potable, emitió un informe alertando sobre riesgos de contaminación. Suárez desestimó dicho informe alegando que ETAPA no tiene competencia legal para emitir dictámenes técnicos sobre infraestructura minera, como relaveras.
“La autoridad competente en materia hídrica es el Ministerio del Ambiente, que ya presentó un informe en coordinación con ETAPA, como ordenó la Corte. Pero ETAPA no puede emitir un informe unilateral”, subrayó.
Sobre el pronunciamiento del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien ha rechazado abiertamente la reactivación del proyecto por el riesgo para las fuentes de agua, Suárez fue categórico:
“La minería es competencia del Gobierno central, no de los gobiernos locales. Aunque se respeta la opinión del alcalde, esta no puede detener un proyecto aprobado legalmente por las autoridades nacionales”.
Consultas populares no retroactivas
El abogado también se refirió a las consultas populares celebradas en Cuenca y Girón, donde la ciudadanía votó contra la minería en zonas de recarga hídrica. Afirmó que, según dictámenes de la Corte Constitucional, estos mecanismos no pueden tener efecto retroactivo.
“La propia Corte estableció que esas consultas no pueden afectar concesiones previamente otorgadas. Así lo ratificó también la Corte Provincial del Azuay”, recordó.
Un futuro incierto
A pesar de la defensa legal de Dundee Precious Metals y el respaldo formal de algunas entidades del Estado, el proyecto Loma Larga enfrenta una creciente presión social y ambiental. Con una comunidad dividida, autoridades locales en contra y advertencias técnicas en el debate, el camino hacia la fase de extracción no está exento de nuevos desafíos judiciales, políticos y ciudadanos.
El caso Loma Larga se convierte así en un nuevo símbolo de las tensiones que enfrenta el Ecuador entre el desarrollo de la minería legal y los derechos colectivos, ambientales y territoriales.
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