Josué Bravo, recientemente posesionado como presidente del Consorcio de Gobiernos Parroquiales de Cuenca, ha delineado los ejes de trabajo que marcarán su gestión al frente de este organismo que agrupa a las 21 parroquias rurales del cantón. En entrevista con este medio, Bravo enfatizó en la necesidad de consolidar la unidad entre los presidentes de las juntas parroquiales, abordar de forma coordinada los desafíos de vialidad, normativas territoriales y responder con responsabilidad a las denuncias sobre obras de infraestructura en la ruralidad.
Prioridades institucionales
Bravo explicó que uno de los primeros pasos será la actualización de los estatutos y normativa interna del Consorcio, así como el fortalecimiento de los canales de diálogo con los representantes de las juntas parroquiales. “Queremos generar reuniones y asambleas periódicas para analizar las realidades de cada territorio y articular soluciones junto a la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca”, sostuvo.
Además, se prevé la organización de talleres técnicos con ambas instituciones para mejorar la planificación y justificación de recursos, lo que permitirá acceder a presupuestos adicionales.
Fortalecimiento de la unidad
Uno de los retos más importantes, admite Bravo, será evitar la fragmentación entre los presidentes de las juntas parroquiales. “Ha sido una debilidad histórica, pero vamos a trabajar en la cohesión de los líderes rurales. La idea es fijar un objetivo común: mejorar los tiempos de justificación de recursos y tener claridad sobre los proyectos que podemos ejecutar”, señaló.
Para reforzar ese sentido de comunidad, el Consorcio impulsará también actividades sociales, culturales y deportivas que promuevan la integración territorial.
Relación institucional con Prefectura y Municipio
El presidente del Consorcio destacó el clima de apertura con las autoridades locales. “Hemos dialogado ya con el prefecto Juan Cristóbal Lloret y con el alcalde Cristian Zamora. No buscamos confrontación, sino proponer, pero también seremos críticos cuando sea necesario, siempre en defensa de la ruralidad”, afirmó.
Problemáticas estructurales
Consultado sobre la situación de las parroquias rurales, Bravo fue claro: “La extensión territorial es amplia y las necesidades múltiples”. Una de las más urgentes es la vialidad. En ese sentido, anunció que se gestionarán convenios con el Municipio para el mantenimiento anual de al menos 20 kilómetros de vías lastradas, mientras que con la Prefectura se fortalecerán las mingas viales y se impulsarán proyectos productivos para reactivar la economía rural.
Pese a los esfuerzos, los recursos siguen siendo insuficientes. “Aunque el Concejo Cantonal incrementó el presupuesto participativo, nunca será suficiente por las características de nuestro territorio”, apuntó.
Sobre la Tasa Ecológica y la planificación territorial
Bravo respaldó la continuidad de la Tasa Ecológica de Movilidad de la Prefectura, destacando su aporte a la infraestructura vial. “Los recursos que se generan deben complementarse con esfuerzos compartidos entre todos los actores para seguir asfaltando y mejorando caminos”, dijo.
En cuanto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), pidió ajustes que respondan a las realidades locales. “Necesitamos normativas que protejan nuestras fuentes hídricas y que eviten el crecimiento desordenado de las parroquias”, explicó. Además, informó que en el primer debate del Concejo Cantonal se aprobó la derogatoria de la ordenanza sancionatoria sobre uso y ocupación del suelo, manteniéndose disposiciones transitorias clave como permisos de funcionamiento y construcción.
Recuperar la confianza de la ruralidad
Ante las críticas por la falta de acción colectiva frente al PDOT y PUGS, Bravo reconoció que uno de los errores fue la ausencia de un pronunciamiento conjunto. “Esa fue nuestra debilidad. Pero lo vamos a corregir. Estamos sosteniendo reuniones permanentes con los presidentes y vamos a demostrar que estamos unidos para trabajar por nuestra gente”, aseguró.
Denuncias por los hospitales rurales
Finalmente, sobre las denuncias por presuntas irregularidades en la contratación de los hospitales en El Valle, Ricaurte y Baños, Bravo manifestó que serán las entidades de control las encargadas de investigar. “Lo importante es que estas obras benefician a nuestras comunidades. Lo demás debe ser evaluado por los organismos competentes”, concluyó.
Sé el primero en comentar