Un nuevo conflicto ha surgido entre la Cámara de Transporte de Cuenca (CTC), que agrupa a las 475 unidades del sistema de buses urbanos, y el alcalde Cristian Zamora. El desacuerdo gira en torno a la exigencia del gremio transportista de que el Concejo Cantonal apruebe un ajuste en la tarifa del pasaje, argumentando que el modelo actual ya no garantiza la sostenibilidad del servicio.
Según Diego Idrovo, presidente de la CTC, la tarifa vigente —30 centavos más un subsidio municipal de cuatro centavos— es insuficiente para cubrir los costos operativos. En respuesta a la falta de soluciones, la Cámara resolvió modificar los horarios de operación, reduciendo los turnos nocturnos y los de la madrugada, medida que afectó a cientos de usuarios entre la noche del martes y la mañana del miércoles, generando malestar y múltiples quejas en la ciudadanía.
Reclamaciones del sector
Idrovo recordó que, conforme a la Ordenanza para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio de Transporte Público, el equilibrio económico del sistema es una condición clave. La normativa establece 30 requisitos para un eventual incremento tarifario, incluyendo la renovación de la flota, mejoras en accesibilidad y seguridad, así como la capacitación continua del personal.
Desde la entrada en vigencia del ajuste tarifario en agosto de 2018 —con un subsidio inicial de un centavo— y su posterior incremento en noviembre de 2021 a cuatro centavos, el sector asegura que no ha habido una actualización acorde con el aumento de costos operativos y técnicos.
Durante una manifestación simbólica el miércoles, transportistas se apostaron con sus unidades frente a los exteriores de radio La Voz del Tomebamba, donde el alcalde ofrecía una entrevista en vivo. Allí, Idrovo recordó que el Municipio encargó un estudio técnico a la Universidad de Cuenca para analizar la tarifa adecuada. “Esta consultoría ha determinado un techo de 0,47 y un piso de 0,44 centavos por pasaje”, aseguró.
Postura del Municipio
Frente a estas acciones, el alcalde Cristian Zamora advirtió que la paralización del transporte constituye un delito penal y que ha solicitado informes técnicos para aplicar sanciones a las operadoras que incumplan rutas o frecuencias. “Vamos a proceder legalmente si estas actitudes persisten. Ya hemos solicitado información a la Fiscalía”, declaró.
Zamora también indicó que la información del Registro Social —que clasifica a la población por niveles de pobreza— será utilizada para definir un esquema de subsidios más focalizado. Subrayó que no cederá a presiones y que cualquier modificación tarifaria deberá estar sustentada por criterios técnicos y sociales.
Visiones sobre la municipalización
Frente a este escenario, algunos expertos proponen una salida estructural. Danilo Banegas, ingeniero en transporte, sugiere que la municipalización del sistema permitiría un control más efectivo, dado que los gobiernos locales conocen mejor las necesidades de movilidad de sus habitantes.
“Con un sistema administrado por el Municipio, es posible optimizar rutas, mejorar frecuencias y establecer estándares más rigurosos en calidad y seguridad”, opinó.
Sin embargo, advirtió que la administración pública podría enfrentar dificultades, como demoras en la toma de decisiones y un aumento en los costos operativos. También alertó sobre el riesgo de que factores políticos interfieran en decisiones técnicas, lo que podría comprometer la sostenibilidad del servicio.
Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan las consecuencias de una pugna que, de no resolverse pronto, amenaza con afectar de forma aún más directa la movilidad en la capital azuaya.
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