Al cumplir dos meses al frente de la Gobernación del Azuay, Xavier Bermúdez —exconcejal cuencano y exdirector del Ministerio del Trabajo en la provincia— reafirma sus compromisos con la seguridad, el fortalecimiento del servicio público y el respeto a las competencias seccionales. Su gestión, sin embargo, enfrenta ya múltiples desafíos, entre ellos la conflictividad social por el proyecto minero Loma Larga, el avance de la minería ilegal y la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y transparencia.
Seguridad y operativos: “Estamos al frente de todos los controles”
Uno de los ejes principales de su administración ha sido la seguridad. Bermúdez asegura que la provincia ha registrado una disminución en muertes violentas, robos y hechos delictivos, especialmente durante el último feriado, cuando se alcanzó una ocupación turística del 90 % sin incidentes letales.
“Estamos muy empeñados en que la seguridad en la provincia siga mejorando. He estado personalmente al frente de los operativos CAMEX, y hemos clausurado locales que incumplen la ley. Hay un trabajo firme, aunque muchas veces no se visibiliza todo lo que hace la Policía Nacional”, afirmó.
Sobre los delitos de extorsión o “vacunas”, una problemática que suele permanecer en silencio, Bermúdez explicó que se han iniciado capacitaciones dirigidas al sector comercial, en conjunto con la Cámara de Comercio de Cuenca. El objetivo: organizar a los pequeños negocios para hacer frente a esta amenaza con el respaldo de la fuerza pública.
Minería: “Si me ponen a elegir, siempre será el agua”
La minería, tanto legal como ilegal, es otro punto de tensión en la provincia. Frente al anuncio de un paro indefinido convocado por sectores antimineros el próximo 23 de septiembre en rechazo al proyecto Loma Larga, Bermúdez señaló que el Gobierno Nacional ha apostado por el diálogo, pero aclaró que el caso está en manos de la justicia constitucional.
“Este es un juicio que data de 2022. Hemos abierto las puertas al diálogo, pero si se protesta, la presión no debe ir al Gobierno, sino al juez que ejecuta la sentencia. Cerrar las vías no es la vía adecuada; esto genera pérdidas económicas importantes”, afirmó.
Desde una postura personal, Bermúdez fue enfático: “Siempre lo he dicho: primero es el agua. Pero también debemos hablar de la minería ilegal, que está afectando lugares como Ponce Enríquez, Sígsig y Pucará, y que muchas veces no genera el mismo nivel de protesta”.
Respecto a las acciones concretas contra la minería ilegal, informó que se realizan operativos diarios junto a fuerzas militares y policiales, aunque reconoció que por razones de inteligencia no siempre se pueden divulgar los detalles.
Parque Nacional Cajas y las tensiones con el Ejecutivo
Consultado sobre las declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien calificó como “falso” el informe técnico de ETAPA EP sobre los posibles impactos del proyecto Loma Larga y sugirió retirar la administración del Parque Nacional Cajas al Municipio de Cuenca, Bermúdez mostró cautela.
“No estoy de acuerdo con quitarle las competencias al Municipio. ETAPA EP ha manejado este parque durante años y tiene la experiencia para hacerlo. Creo que hubo un error de procedimiento, pero eso no amerita un cambio tan drástico”, opinó.
Gobernabilidad sin confrontación
En contraste con otros períodos marcados por tensiones políticas, Bermúdez destaca que su relación con el alcalde de Cuenca y la Prefectura del Azuay se basa en el respeto y la colaboración.
“No hay insultos, hay respeto mutuo. En la mesa de seguridad ya estamos trabajando juntos, sin banderas políticas. Puede haber diferencias de ideas, pero eso no impide trabajar por la ciudadanía”, declaró.
Turi, marchas sociales y contrato por horas
La cárcel de Turi, señalada como uno de los principales focos de inseguridad en la provincia, continúa generando debate. Sobre la posibilidad de reubicarla, Bermúdez aclaró que no está en manos del Ejecutivo. “Lo que sí podemos hacer es asegurar su vigilancia con tecnología y mayor control. Hasta ahora, la situación se ha mantenido con relativa calma”.
Frente a la marcha convocada para el 11 de septiembre por organizaciones sociales en rechazo a varias leyes del Ejecutivo, el gobernador aseguró que se respetará el derecho a la protesta, pero también se garantizará la libre movilidad. “No vamos a reprimir, pero queremos que las marchas se realicen de forma ordenada y sin afectar a terceros”.
En cuanto a la próxima consulta popular, considera que la mayoría de las preguntas tendrán un amplio respaldo ciudadano, aunque reconoce que la relacionada con el contrato por horas podría generar más debate.
“Tenemos un código laboral de 1938 que ha sido parchado, no reformado. El contrato por horas, como está planteado, incluye todos los beneficios sociales y aportaciones al IESS. No se está recortando ningún derecho. Está enfocado, principalmente, en sectores como el turismo”, explicó.
Balance de imagen presidencial en Azuay
Finalmente, sobre la imagen del presidente Daniel Noboa en la provincia, Bermúdez la calificó como positiva, especialmente por su gestión en materia de seguridad.
“El presidente está enfrentando a la delincuencia organizada con firmeza. Es el único que ha tomado medidas claras y puntuales. La seguridad debe ser el escudo de todos”, concluyó.
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