El proyecto minero Loma Larga, cuya exploración de minerales comenzó hace más de tres décadas, no se llevará a cabo. Así lo resolvió el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), que revocó la licencia ambiental otorgada el 23 de junio de 2025 a la empresa canadiense Dundee Precious Metals, bajo el régimen de gran minería.
La decisión se basó en informes técnicos emitidos por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, entidades responsables del abastecimiento de agua potable y del sistema de riego en la provincia, respectivamente.
“Dichos informes son de exclusiva responsabilidad de las entidades que los emitieron y sustentan la medida adoptada por el Gobierno”, señaló el MAE en un comunicado oficial.
Principio de precaución ante riesgo ambiental
La resolución invoca el principio de precaución ambiental, que permite a las autoridades actuar para prevenir daños graves o irreversibles al entorno natural, aun en ausencia de certeza científica absoluta.
Uno de los estudios clave fue el realizado por ETAPA EP, la empresa municipal de agua de Cuenca, en el que se alertaba sobre el peligro de contaminación de las cuencas hídricas debido al drenaje ácido y de metales derivado de la actividad minera. El informe, publicado a fines de 2024 y reiterado en varias ocasiones, fue un argumento central en la decisión del MAE.
Sin embargo, la ministra del ramo, Inés Manzano, descalificó el informe y acusó a ETAPA de actuar como “brazo político” del alcalde cuencano Cristian Zamora, señalando que el estudio se sustentaba en supuestos y no en datos concluyentes. A pesar de ello, el ministerio resolvió que, ante la falta de certezas, lo prudente era impedir potenciales daños al ecosistema.
Una decisión respaldada por las urnas
El rechazo a la minería en Cuenca tiene también un fuerte respaldo democrático. En la consulta popular del 7 de febrero de 2021, el 80,04 % de los cuencanos votó a favor de prohibir la minería metálica en zonas de recarga hídrica.
Aunque la Corte Constitucional (CC) aclaró en su dictamen que dicha decisión no tenía efecto retroactivo —y por tanto, no afectaba concesiones otorgadas previamente como la de Loma Larga—, la presión ciudadana nunca cesó.
Para el constitucionalista José Chalco, el dictamen de la CC es claro: “Quedó prohibida la explotación minera en zonas de recarga hídrica en el cantón Cuenca. Incumplir este mandato conlleva sanciones, incluso la destitución de los funcionarios que lo ignoren”, enfatizó.
Reacciones locales: “Triunfo del pueblo”
La noticia de la revocatoria fue recibida con júbilo por las autoridades locales. En un acto público, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, expresó su satisfacción a través de redes sociales:
“El agua de Quimsacocha no será tocada, será preservada, porque la multitud de Cuenca logró que el Gobierno nacional revierta una concesión de muchos años”.
Por su parte, el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, calificó la decisión como un “triunfo del pueblo azuayo”:
“Reivindicamos esta victoria como el resultado de una lucha incansable en defensa del agua. Con una sola voz dijimos No a la minería”, afirmó en un comunicado.
“Marcha por el agua” cambió el rumbo
El 16 de septiembre de 2025, miles de personas marcharon por las calles de Cuenca en la denominada Marcha por el agua, una movilización multitudinaria que reunió no solo a ciudadanos cuencanos, sino también a delegaciones de otras regiones del país. El mensaje fue claro: el proyecto Loma Larga no debe continuar.
Días antes, el presidente Daniel Noboa había decretado un estado de excepción en varias provincias, incluida Azuay, en un intento por contener posibles disturbios. Sin embargo, para entonces su postura ya había comenzado a cambiar. El 12 de septiembre, en una declaración pública, el mandatario insinuó por primera vez que el proyecto podría suspenderse, aunque responsabilizó a las autoridades locales por las consecuencias legales que dicha decisión pueda acarrear.
Antecedentes: décadas de resistencia
El proyecto Loma Larga tiene una larga historia. En 1991, la empresa francesa Cogema inició la investigación minera en la zona. Posteriormente, los derechos pasaron a INV Metals y luego a Dundee Precious Metals.
En 2023, la Corte Provincial de Azuay suspendió las actividades mineras por vulneraciones al derecho a la consulta previa y consulta ambiental, procesos que fueron completados recién en 2025.
Ni Dundee Precious Metals ni la Cámara de Minería del Ecuador se han pronunciado oficialmente hasta el momento. La empresa informó que aún analiza la resolución y que emitirá un comunicado en los próximos días.
Con esta decisión, el gobierno ecuatoriano marca un hito en la política ambiental del país y responde a una demanda ciudadana que ha permanecido firme durante más de tres décadas: el agua por encima del oro.
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