La Contraloría General del Estado (CGE) identificó indicios de responsabilidad penal y recomendó el establecimiento de responsabilidades civiles y administrativas por más de USD 5,5 millones en el contrato para la instalación de radares de velocidad en la ciudad de Cuenca. El informe pone en evidencia una serie de irregularidades en la contratación, implementación, operación y terminación del proyecto tecnológico, que habría generado un significativo perjuicio económico para la Empresa Pública Municipal de Movilidad (EMOV EP).
El contrato fue suscrito el 8 de febrero de 2022, durante la administración del entonces alcalde Pedro Palacios, entre la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador, que actuó como aliado estratégico para la implementación de 32 fotorradares en distintos puntos de la ciudad. La contratación se enmarcó en el proyecto denominado “Implementación de una Plataforma Integral de Gestión, Control y Sanción de Infracciones de Tránsito a través de Equipos Tecnológicos”.
Terminación del contrato
El 25 de agosto de 2023, ya bajo la administración del alcalde Cristian Zamora, la EMOV EP y el consorcio firmaron un acuerdo de terminación por mutuo acuerdo. La finalización del contrato fue uno de los compromisos asumidos por Zamora durante su campaña electoral, cuando aún se desempeñaba como concejal y mantenía una postura crítica frente a este proceso contractual.
La Contraloría informó que el examen especial abarcó el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025. Como resultado del análisis, el organismo de control recomendó sanciones administrativas por USD 73.050 y el establecimiento de responsabilidades civiles por USD 5.486.799,02.
Entre los principales hallazgos, la CGE determinó que los dispositivos comenzaron a operar con un retraso de 143 días, situación atribuida a la falta de control y seguimiento por parte de los administradores del contrato.
Irregularidades detectadas
El informe detalla que durante la fase de implementación se detectaron irregularidades que no fueron oportunamente comunicadas al contratista. Estas se relacionan con la inspección de los 32 dispositivos instalados en 16 puntos urbanos de Cuenca. La omisión de estos reportes impidió la aplicación de multas al consorcio, tal como lo establecen los procedimientos de contratación pública ante incumplimientos contractuales.
Asimismo, la Contraloría evidenció falencias en la homologación de las funcionalidades de los dispositivos, lo que impidió verificar si los equipos cumplían con los parámetros técnicos definidos en el objeto del contrato.
Otro aspecto cuestionado es la terminación del contrato por mutuo acuerdo, que —según la CGE— se realizó sin que se demuestre su conveniencia para los intereses institucionales de la EMOV EP. Además, el reparto de la cartera pendiente de cobro careció de sustento técnico, al no considerar estadísticas reales de recaudación, lo que afectó directamente el cobro de infracciones de tránsito que se encontraban en trámite.
Perjuicio económico y endeudamiento
De acuerdo con el informe, estas irregularidades generaron un perjuicio económico para la entidad contratante por valores no recuperados que ascienden a USD 4.887.856,81. También se identificaron deficiencias en la transferencia de información tras la terminación del contrato y inconsistencias en los registros de infracciones de tránsito durante el período de operación del sistema.
La Contraloría concluyó, además, que la EMOV EP recurrió al endeudamiento público para cumplir con obligaciones de pago al aliado estratégico sin contar con estudios técnicos que sustenten esta decisión. Este endeudamiento alcanzó los USD 3 millones y generó intereses por USD 444.772,90 entre septiembre de 2023 y junio de 2025, lo que eleva el monto total a USD 3.444.772,90. Para el organismo de control, esta decisión se tomó sin un análisis previo de conveniencia, sostenibilidad ni impacto financiero.
Reacciones
Tras la publicación del informe, el alcalde Cristian Zamora afirmó que los resultados del examen especial respaldan las observaciones que realizó al contrato cuando era concejal del cantón. Señaló que el documento evidencia deficiencias en el proceso de contratación y en la homologación de los equipos instalados para el control de velocidad. No obstante, anunció que el Municipio impugnará las observaciones relacionadas con la terminación por mutuo acuerdo, al considerar que esta decisión buscó proteger los intereses de la ciudadanía.
Por su parte, el exalcalde Pedro Palacios reaccionó mediante un video difundido en redes sociales. Indicó que el contrato entre la EMOV EP y el Consorcio Móvil Technology Ecuador ya fue auditado con anterioridad. “En el contrato no se encontró ninguna cosa extraña; algunas observaciones que siempre se dan, recomendaciones que siempre se hacen, pero no se detectó ninguna irregularidad”, sostuvo. Añadió que, de existir responsabilidades administrativas, quienes correspondan deberán responder.
Finalmente, Palacios cuestionó la decisión de terminar el contrato por mutuo acuerdo, al considerar que esta medida tendría vicios, pues —según afirmó— no se sustentó adecuadamente su viabilidad, factibilidad ni el beneficio para la administración municipal.
Sé el primero en comentar