En un bar de una localidad de la provincia del Carchi, en el norte de Ecuador, conviven moradores del sector, un disidente de las FARC y otros actores vinculados al crimen organizado. El ambiente parece tranquilo hasta que, bajo los efectos del alcohol, estalla una fuerte riña. La tensión se corta con una sola frase: “¡Se calman todos!”. No hay gritos ni armas a la vista. Basta la voz de uno de ellos para imponer orden. Nadie se atreve a desafiarlo. El episodio retrata una realidad inquietante: se trata de una “isla de paz criminal”, un territorio donde el crimen manda sin necesidad de violencia visible.
El crimen más allá de las cifras de homicidios
En Ecuador, el análisis del crimen organizado suele girar en torno a un indicador clave: la tasa de homicidios. Y las cifras son alarmantes. En 2025, el país cerró con un nuevo récord de muertes violentas: hasta el 19 de diciembre se registraron 8 847 homicidios, según datos oficiales de la Policía Nacional. Solo en el primer semestre del año se contabilizaron 4 619 asesinatos, un 47 % más que en el mismo período de 2024.
Las autoridades atribuyen esta escalada a la disputa de poder y territorio entre bandas criminales. Sin embargo, esta lectura resulta incompleta para entender lo que ocurre en otras zonas del país, donde la violencia letal no es el principal mecanismo de control.
Cuando la ausencia de violencia no significa seguridad
Esa es una de las principales conclusiones de la investigación “Islas de paz criminal: cuando el crimen organizado va más allá de la violencia visible en Ecuador”, elaborada por Katherine Herrera Aguilar, experta en Defensa Nacional, y presentada a finales de 2025. El estudio pone especial énfasis en la provincia del Carchi, un territorio fronterizo que, paradójicamente, registra bajos índices de homicidios.
Durante el trabajo de campo, Herrera presenció la escena del bar. Para la investigadora, ese episodio revela una dinámica más profunda: en muchos territorios, especialmente en zonas fronterizas, la ausencia de asesinatos no es sinónimo de paz, sino una señal de consolidación del poder criminal.
Una isla de paz criminal es, precisamente, un espacio donde las organizaciones delictivas no necesitan ejercer violencia visible para expandirse. Controlan el territorio, imponen reglas y sustituyen funciones del Estado sin recurrir de forma sistemática a las armas.
Gobernanza criminal y economías ilícitas
En una parroquia de Carchi —cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad—, actores armados han ejercido una suerte de autoridad durante décadas. No fueron elegidos, pero gobiernan. Regulan la vida cotidiana, controlan el territorio y ofrecen soluciones donde el Estado no llega.
Herrera, egresada del Centro William J. Perry de la Universidad de Defensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, explica que esta aparente calma esconde una economía ilícita profundamente arraigada. El territorio está vinculado al cultivo de coca en Colombia, la minería ilegal y otras actividades criminales transfronterizas. La baja tasa de homicidios convive con una estructura de gobernanza paralela.
La parroquia se ubica frente a un río que marca la frontera con el departamento colombiano de Nariño. Desde Ecuador se observan casas, fincas y pobladores del país vecino, así como plantaciones de coca, campamentos de minería ilegal y la presencia constante de actores armados.
La “paz” que trae el delito
El conflicto colombiano ha impactado directamente en la vida local. La presencia de disidencias de las FARC no solo consolidó el control territorial, sino que también generó nuevas dinámicas económicas. Aumentó la demanda de bienes y servicios y surgieron oportunidades de empleo ligadas a la logística del cultivo de coca y a la minería ilegal.
Uno de los ejemplos más claros es la extracción de oro: el mineral se obtiene en Ecuador y se procesa en Colombia, lo que implica una fuga directa de recursos nacionales. Pese a ello, para muchas familias estas actividades representan una oportunidad de supervivencia y ascenso social.
“Mi hijo sí va a poder estudiar”, repiten algunos moradores, según los testimonios recogidos en la investigación. Otros aseguran que “la minería ilegal ha hecho lo que ninguna autoridad ha hecho: traer plata a esta parroquia”. En este contexto, el crimen ofrece reglas, protección y empleo, incluso a adolescentes desde los 14 años. La presencia de estas economías ilegales se remonta a más de medio siglo.
Dos realidades criminales en un mismo país
La dinámica de Carchi contrasta con la de provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, donde los homicidios están asociados a extorsiones, secuestros, microtráfico y enfrentamientos armados entre bandas. Estas provincias concentran la mayor cantidad de muertes violentas del país y forman parte de un corredor delictivo identificado por el Ministerio del Interior.
En esas zonas, la violencia se intensifica con la lucha de poder, especialmente tras la captura de cabecillas. Solo en 2025, la Policía detuvo a 20 objetivos de alto valor en operativos desplegados dentro y fuera del país.
En Carchi, en cambio, la criminalidad se expresa de otra manera. Es la segunda provincia con menos homicidios a nivel nacional. Allí, los delitos predominantes son la minería ilegal, el contrabando de combustibles y mercancías, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y especies.
Un desafío para la seguridad del Estado
Para Katherine Herrera, el crimen organizado no puede medirse únicamente por el número de muertes violentas. En muchos casos, la violencia es solo un instrumento y no el objetivo final. Algunas estructuras criminales operan con mayor eficacia cuando mantienen un bajo perfil, reducen riesgos y consolidan redes de lavado de activos, rutas logísticas e incluso vínculos con instituciones públicas.
Actividades como el narcotráfico, la minería ilegal o la trata de personas no siempre requieren balas para prosperar. Por el contrario, la violencia excesiva puede elevar costos operativos y judiciales. En las llamadas islas de paz criminal, el verdadero poder se ejerce en silencio.
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