La donación de 30 motocicletas destinadas a reforzar los controles de seguridad en las zonas rurales de la provincia del Azuay se ha convertido en el centro de una polémica entre autoridades provinciales y del Ejecutivo, evidenciando un cruce de versiones que, hasta el momento, mantiene paralizada la entrega de los vehículos.
Según el representante del gobierno provincial y prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, las motocicletas fueron gestionadas con el objetivo de fortalecer la presencia policial en sectores rurales, históricamente afectados por limitaciones logísticas para el control del territorio. Sin embargo, Lloret expresó su preocupación e indignación al señalar que, a su criterio, no existiría interés por parte del Ministerio del Interior para recibir las motos y destinarlas a tareas de seguridad en la provincia.
“No hay voluntad para concretar esta donación, pese a que se trata de un aporte directo a la seguridad ciudadana”, manifestó el prefecto, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta institucional para formalizar el proceso.
Estas declaraciones fueron rechazadas por el gobernador del Azuay, Bermúdez, quien negó que exista una negativa por parte del Gobierno Nacional o de la Policía para recibir los vehículos. “Nadie les ha devuelto nada. Yo tengo el oficio del coronel Hugo Arroyo en el que solicita que el convenio se haga directamente con la Policía, pero la Prefectura no ha respondido”, afirmó.
El gobernador fue enfático al señalar que no se puede afirmar que el Ejecutivo no quiere recibir las motocicletas. “Que no se venga a decir que no queremos recibir las motos”, sostuvo, y añadió que la seguridad no debe ser utilizada como un tema de confrontación política.
En un tono crítico, Bermúdez conminó al prefecto Lloret a realizar la donación cuando lo considere pertinente y sin protagonismos. “Que hagan las donaciones cuando quieran, sin aspavientos. Eso no es política en seguridad, nosotros rechazamos esa actitud politiquera”, enfatizó.
Asimismo, el gobernador indicó que el Gobierno aspira a que las motocicletas sean entregadas bajo la figura de comodato por un período más amplio, lo que permitiría una mejor planificación y sostenibilidad en su uso operativo.
No obstante, el cruce de versiones persiste. Bermúdez no precisó la fecha del oficio al que hace referencia, supuestamente emitido por el jefe de la Policía. En contraste, el prefecto Lloret presentó un documento oficial de la Policía Nacional en el que únicamente se solicita la devolución de las motocicletas, sin mención a un convenio directo.
Dicho oficio está fechado el 6 de enero de 2026, lo que añade un nuevo elemento al debate y deja en evidencia la falta de claridad administrativa en torno a un tema que, más allá de las diferencias políticas, tiene un impacto directo en la seguridad de las comunidades rurales del Azuay.
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