La madrugada del 28 de febrero de 2026 marcó un episodio judicial que involucra a una de las principales autoridades provinciales del Austro. Una jueza de la Unidad Judicial Especializada en Tránsito con sede en Cuenca declaró culpable a Alexandra Quintanilla Zamora, viceprefecta del Azuay, por la contravención de tránsito de conducir en estado de embriaguez, tras un operativo de control efectuado en el centro de la ciudad.
El operativo en la Bajada de Todos Santos
Según consta en la sentencia a la que tuvo acceso El Mercurio, el procedimiento se desarrolló aproximadamente a las 00:42, en el sector de la Bajada de Todos Santos y Paseo Tres de Noviembre, donde agentes de tránsito ejecutaban un control rutinario de documentos y pruebas de alcoholemia.
En ese punto se detuvo el vehículo que conducía Quintanilla. De acuerdo con el testimonio de la agente aprehensora, al solicitarle la licencia y la matrícula, la conductora se negó a entregarlas y mostró en su teléfono celular la fotografía de una licencia que no le pertenecía.
La uniformada señaló además que percibió aliento a licor, motivo por el cual solicitó la práctica del alcohotest y la prueba psicosomática. Sin embargo, la funcionaria provincial se habría negado a someterse a ambas diligencias, pese a que se le advirtió que la negativa se presume legalmente como el máximo grado de alcohol en la sangre.
Intervención policial y traslado a casa de salud
El fallo judicial recoge que, durante el procedimiento, la viceprefecta no colaboró con los agentes y se resistía a descender del vehículo, por lo que fue necesario solicitar apoyo de la Policía Nacional.
Posteriormente fue trasladada para una valoración médica y, según el expediente, terminó en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, donde finalmente se instaló la audiencia de flagrancia.
La defensa y la decisión judicial
Durante la diligencia, la defensa pública argumentó presuntas inconsistencias en la identidad de la persona aprehendida. No obstante, la jueza concluyó que no existían dudas respecto a la identidad de la procesada y sostuvo que fue ella quien “indujo al error” a la agente durante el procedimiento, lo que habría generado las inconsistencias en sus datos.
Como parte del acervo probatorio se incorporaron imágenes y audios del operativo. Según la sentencia, en ese material se observa la negativa de la funcionaria a colaborar y a someterse a las pruebas correspondientes.
Con base en estos elementos, la magistrada determinó la culpabilidad de la viceprefecta por la contravención tipificada en el artículo 385.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La resolución dispone 30 días de privación de libertad, el pago de una multa equivalente a tres salarios básicos unificados y la suspensión de la licencia de conducir por 60 días.
Pronunciamiento del prefecto
Tras conocerse la decisión judicial, el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, se pronunció la noche del 28 de febrero a través de sus redes sociales.
Lloret sostuvo que el hecho “no es un asunto institucional, ni involucra bienes públicos y no ocurrió en el desempeño de sus funciones”. Añadió además que la viceprefecta “deberá responder como ciudadana ante el Juez de Tránsito que corresponda”.
El caso ha generado reacciones en la opinión pública local, al tratarse de una autoridad en funciones que ahora enfrenta una sanción penal por una contravención de tránsito, en un contexto de estrictos controles para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol en la capital azuaya.
Sé el primero en comentar