La organización política Revolución Ciudadana (RC), lista 5, vinculada al correísmo, vuelve a enfrentar un obstáculo legal que podría impedir su participación en las próximas elecciones seccionales en Ecuador. El juez Joaquín Viteri, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), resolvió suspender por nueve meses a la organización, en medio de una investigación que indaga presuntos aportes irregulares a campañas políticas.
La decisión se produce cuando falta menos de un año para los próximos comicios locales, lo que ha desatado una nueva confrontación política entre el movimiento y el Gobierno nacional.
Investigación por presunto lavado de activos
La resolución del juez Viteri se sustenta en un oficio enviado por el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, en el que se informa sobre el inicio de una investigación previa de carácter reservado contra la Revolución Ciudadana.
El proceso estaría relacionado con el denominado caso “Caja Chica”, una investigación que analiza supuestos aportes provenientes de Venezuela destinados a financiar la campaña electoral del año 2023.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se centra en el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
El artículo 374 del Código de la Democracia establece que el Tribunal Contencioso Electoral puede suspender a una organización política por un período de hasta 24 meses, cuando el fiscal general solicite la medida en el marco de una investigación por lavado de activos.
En su resolución, el juez Viteri explicó que la suspensión adoptada es una medida temporal y revisable, vinculada directamente a la información remitida por la Fiscalía.
“Corresponde dictar una medida temporal y revisable, estrictamente atada a la solicitud del fiscal general y al presupuesto objetivo comunicado, de modo que su vigencia dependa únicamente de la continuidad de los hechos informados por la Fiscalía”, señaló el magistrado en su fallo.
La reacción de la Revolución Ciudadana
Tras conocerse la decisión judicial, la Revolución Ciudadana difundió un comunicado en el que calificó la medida como un intento de silenciar a la principal fuerza de oposición del país.
El movimiento aseguró que representa a millones de ecuatorianos y anunció que emprenderá acciones legales para revertir la resolución.
“Pero que nadie se equivoque: la Revolución Ciudadana no se rinde. Emprenderemos todas las acciones legales y democráticas necesarias para defender nuestros derechos y los de millones de ecuatorianos”, indicó el pronunciamiento.
Además, el movimiento responsabilizó de la decisión al Gobierno del presidente Daniel Noboa, al que acusó de utilizar la justicia con fines políticos.
Según el comunicado, la situación refleja un escenario que califican como una “dictadura”, en el que se estaría utilizando el sistema judicial para eliminar a la oposición política.
“Cuando el poder usa la justicia para eliminar a la oposición, lo que está en juego ya no es un movimiento político: es la democracia misma”, señaló la organización.
Riesgo de quedar fuera de las elecciones seccionales
La suspensión de nueve meses coloca a la Revolución Ciudadana en una posición complicada frente a las elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027, cuyo calendario electoral ya está en marcha.
De acuerdo con el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la inscripción de candidaturas se realizará entre el 31 de agosto y el 29 de septiembre de 2026, período en el que el movimiento todavía estaría cumpliendo la sanción impuesta por el TCE.
Además, el 1 de junio de 2026 el CNE revisará qué organizaciones políticas cumplen con los requisitos legales para participar en los comicios. Bajo el escenario actual, la Revolución Ciudadana no podría superar ese proceso de verificación.
Para el movimiento correísta, la coincidencia entre el período de suspensión y el calendario electoral demostraría que el objetivo es impedir su participación en las próximas elecciones con su propio casillero.
Un historial de obstáculos políticos
No es la primera vez que el correísmo enfrenta dificultades para mantener una estructura política propia.
Los problemas comenzaron en 2017, cuando el entonces presidente Lenín Moreno se distanció del movimiento liderado por Rafael Correa y mantuvo el control del partido Alianza PAIS, organización que posteriormente dejó de existir como fuerza política relevante.
En las elecciones seccionales de 2019, el correísmo intentó inscribir el movimiento Revolución Ciudadana, pero el CNE no validó las firmas necesarias para su registro.
Ante ese escenario, el sector participó con el movimiento Fuerza Compromiso Social, organización que posteriormente fue cancelada por el TCE en 2020.
Debido a ello, el excandidato presidencial Andrés Arauz participó en los comicios de 2021 bajo el paraguas del movimiento Centro Democrático.
Finalmente, ese mismo año el Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción formal de la Revolución Ciudadana, lo que permitió al correísmo volver a competir con su propia organización política.
La posibilidad de alianzas electorales
Para el analista político Cristian Carpio, la suspensión no significa necesariamente que el correísmo quede totalmente fuera de las elecciones.
El experto considera que, como ha ocurrido en procesos anteriores, el movimiento podría buscar alianzas con otras organizaciones políticas para postular a sus candidatos.
“No es del todo cierto que no va a participar, porque siempre puede encontrar un vehículo que le lleve a las elecciones”, explicó Carpio.
El analista añadió que, en el caso de los comicios seccionales, los resultados dependen en gran medida del perfil de los candidatos locales, por lo que aún es prematuro asegurar que alguna fuerza política tenga garantizado el control de los gobiernos locales.
Mientras tanto, el escenario político ecuatoriano vuelve a tensarse, en medio de una decisión judicial que podría reconfigurar la participación de uno de los movimientos más influyentes del país en las próximas elecciones.
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