Cinco ciudadanos detenidos tras una persecución policial registrada la noche del domingo 21 de junio de 2026 en la capital azuaya quedaron en libertad luego de que una jueza de la Unidad Judicial Penal declarara ilegal su aprehensión, al encontrar inconsistencias en el parte policial y determinar que el plazo legal de la flagrancia había caducado.
Los sospechosos fueron capturados en el sector de El Cebollar, después de que, según el informe policial, habrían intentado secuestrar a un ciudadano en el sector de María Auxiliadora. De acuerdo con la versión inicial de la Policía Nacional, los individuos no lograron consumar el presunto delito y emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución que culminó con su detención. Entre los aprehendidos se encontraba un menor de edad.
Fallas en el procedimiento
Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la magistrada escuchó las versiones de las partes y detectó varias irregularidades en el procedimiento policial, por lo que resolvió no calificar la aprehensión y ordenó la inmediata liberación de los detenidos.
Las personas que recuperaron su libertad fueron identificadas como Jimmy R. Z. Peña, Jilmar A. Z. P., Steven M. C. S., Carlos A. R. C. y Reynaldo G. P. S.
La jueza cuestionó que en el parte policial no se detallaran elementos esenciales del presunto delito, como las amenazas, actos de intimidación o las circunstancias que sustentarían un intento de secuestro.
Además, señaló que el documento tampoco describía las evidencias o indicios encontrados durante el operativo, pese a que el informe fue suscrito por diez agentes de la Policía Nacional.
Contradicciones en los horarios
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la autoridad judicial fueron las inconsistencias relacionadas con la hora de los hechos.
Inicialmente, el parte policial indicaba que la detención se produjo a las 18:00. Sin embargo, posteriormente se presentó un oficio aclaratorio en el que se estableció que los hechos ocurrieron en San Pedro del Cebollar a las 18:45 y que la aprehensión se concretó a las 20:00.
A estas contradicciones se sumó la declaración de un agente policial, quien aseguró que la persecución se extendió entre las 18:30 y las 18:40, mientras que el parte informativo fue ingresado en la Judicatura a las 18:42, generando dudas sobre la cronología de los acontecimientos.
La audiencia, en tanto, se instaló a las 19:21, superando el plazo de 24 horas establecido por la ley para formular cargos a una persona detenida en flagrancia.
La Judicatura se deslinda de responsabilidades
La magistrada precisó que la demora no puede ser atribuida a la Función Judicial, ya que se realizaron todas las diligencias necesarias para que los detenidos fueran presentados oportunamente.
Incluso, indicó que desde la Judicatura se efectuaron llamadas telefónicas y se enviaron mensajes a los agentes responsables para agilizar la comparecencia de los aprehendidos.
La jueza sostuvo que la falta de claridad en los hechos y las inconsistencias detectadas hacían inviable la calificación de la flagrancia, pues ello podría vulnerar la seguridad jurídica y los derechos de las partes involucradas.
Llamado de atención a la Policía Nacional
Antes de concluir la diligencia, la autoridad judicial hizo un llamado de atención a la Policía Nacional, señalando que en medio del complejo escenario de inseguridad que atraviesa el país es indispensable que los procedimientos se desarrollen con rigurosidad y apego a la ley.
La jueza insistió en que los partes policiales deben contener una descripción detallada de las circunstancias de los hechos, las evidencias encontradas y los indicios recabados, a fin de evitar que los procesos penales se vean afectados por errores de procedimiento.
Pese a la liberación de los cinco ciudadanos, la Fiscalía General del Estado podrá continuar las investigaciones por la vía ordinaria si considera que existen elementos suficientes para sustentar un eventual proceso penal.
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