Familiares reportaron la desaparición de los trabajadores tras perder contacto con ellos. Los cuerpos, cuatro hombres en cada fosa, fueron encontrados con signos de violencia en el sector El Carbón, una zona de difícil acceso. La Policía investiga una posible masacre relacionada con la minería ilegal.
Los cuerpos sin vida de ocho personas, entre ellas una mujer y siete hombres, fueron encontrados en una zona de difícil acceso del cantón Pucará, en la provincia del Azuay. Las víctimas presentaban evidentes signos de violencia y fueron localizadas en dos fosas comunes dentro de una mina que, según las primeras investigaciones, operaba sin los permisos correspondientes para la extracción de minerales.
El hallazgo fue reportado por familiares de los trabajadores, quienes alertaron a las autoridades después de perder comunicación con ellos. El caso movilizó a un amplio contingente de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hacia el sector El Carbón, en la zona de Huasipamba-Mirador.
“Es el resultado de la minería”, señaló Adrián Berrezueta, alcalde de Pucará, al referirse al hecho. El funcionario expresó su preocupación por la presencia de actividades vinculadas con la minería ilegal y aseguró que el suceso mantiene en alerta a las autoridades locales.
Familiares alertaron sobre la desaparición
Eloy Cedillo, jefe político de Pucará, fue quien recibió inicialmente la alerta de los familiares de los trabajadores. De acuerdo con la información proporcionada por ellos, perdieron contacto con sus allegados el miércoles 5 de agosto.
Los familiares acudieron el viernes hasta la zona donde presuntamente se encontraba la mina, pero no encontraron a los trabajadores. Ante la falta de noticias y la imposibilidad de establecer comunicación con ellos, decidieron informar a las autoridades aproximadamente a las 09:30 del sábado 8 de agosto.
La alerta permitió activar un operativo para verificar la información y determinar el paradero de las personas desaparecidas.
Un operativo de más de 120 personas
Las condiciones geográficas de la zona dificultaron el ingreso de los equipos de emergencia e investigación. Cedillo comunicó la situación a Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, y posteriormente se coordinó la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Al operativo se incorporaron agentes de inteligencia, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsiones (Dinased), además de efectivos militares.
Un contingente de aproximadamente 120 personas, distribuido en unos 25 vehículos, partió desde el centro cantonal hacia el sector El Carbón.
La mayoría de los vehículos logró avanzar hasta el mirador de Huasipamba. Desde ese punto, las condiciones del terreno obligaron a continuar el recorrido por un camino de tercer orden. El desplazamiento hasta la mina tomó entre 40 y 50 minutos.
Un familiar de una de las víctimas acompañó y encabezó el recorrido de los agentes para facilitar el acceso al sitio y confirmar la información recibida.
Dos vehículos fueron encontrados incinerados
Durante el trayecto hacia la mina, los agentes localizaron un vehículo completamente incinerado. Posteriormente, cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos, hallaron otro automóvil también quemado.
De manera preliminar, se conoció que el vehículo encontrado junto a la mina pertenecería a una de las víctimas. En cuanto al automóvil localizado en la vía, las primeras hipótesis apuntan a que habría sido utilizado por el autor o autores del ataque. Sin embargo, esta información deberá ser confirmada mediante las investigaciones policiales y pericias correspondientes.
Los cuerpos estaban en dos fosas
Al llegar al lugar, los agentes observaron que existía tierra removida en los alrededores de la mina. La inspección permitió encontrar indicios de que se habría realizado una excavación reciente.
Tras remover la tierra, los equipos de investigación localizaron dos fosas comunes. En cada una fueron encontrados cuatro cadáveres, para un total de ocho víctimas.
Según la información proporcionada por las autoridades locales, los cuerpos presentaban huellas de violencia. Pablo Inga, comandante subrogante de la Subzona de Policía de Azuay, indicó que las lesiones podrían haber sido ocasionadas con un arma blanca, posiblemente un machete.
Los cadáveres fueron sometidos al procedimiento de levantamiento por parte de las unidades especializadas. Las labores se extendieron hasta aproximadamente las 02:30.
De manera preliminar, los investigadores estiman que las muertes se habrían producido entre el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto. Esta hipótesis deberá ser corroborada mediante las autopsias y demás pericias forenses.
La mina no tenía permisos
Pablo Inga confirmó que el sitio donde fueron encontrados los cuerpos sería una mina que operaba de manera ilegal. Las primeras verificaciones determinaron que el lugar no contaba con los permisos necesarios para realizar actividades de funcionamiento, exploración o explotación de minerales.
La presencia de esta actividad minera no autorizada es ahora uno de los principales elementos que forman parte de la investigación.
Las autoridades buscan determinar qué ocurrió con las ocho víctimas, establecer las circunstancias en las que fueron asesinadas e identificar a los responsables del ataque.
Alcalde advierte sobre la presencia de bandas
Adrián Berrezueta calificó el hecho como una de las consecuencias de la minería ilegal y manifestó su preocupación por la situación de seguridad en el cantón.
El alcalde sostuvo que el suceso registrado en el sector Huasipamba-Mirador estaría relacionado con bandas que, según sus declaraciones, se encuentran asentadas en la zona y estarían generando afectaciones a la población.
Berrezueta expresó además su solidaridad con los familiares de las víctimas y ofreció apoyo para cubrir los gastos relacionados con los sepelios.
Mientras avanzan las investigaciones, alrededor de 100 policías y militares permanecen desplegados en el área para garantizar la seguridad y facilitar las diligencias de las unidades especializadas.
Investigación busca esclarecer la masacre
El hallazgo de los ocho cadáveres abrió una investigación por muertes violentas. Los equipos especializados trabajan en la recopilación de evidencias, análisis de la escena, identificación de las víctimas y reconstrucción de los hechos.
La presencia de dos vehículos incinerados, las dos fosas comunes, las huellas de violencia y la condición irregular de la mina forman parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y no han establecido oficialmente quiénes estarían detrás del ataque ni cuál habría sido el móvil.
El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Pucará y vuelve a poner bajo la lupa las actividades de minería ilegal en sectores rurales y de difícil acceso del Azuay.
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