La normativa fue derogada hace más de un año. Los ediles plantean reabrir el debate para actualizar sus disposiciones y fortalecer los mecanismos municipales de control, mientras dirigentes barriales reclaman acciones frente a presuntos establecimientos clandestinos en zonas residenciales.
El Concejo Cantonal de Cuenca analiza la posibilidad de retomar el tratamiento de la denominada Ordenanza de Control, normativa que fue derogada hace más de un año y cuya ausencia ha vuelto a generar debate en medio de denuncias sobre el presunto funcionamiento de prostíbulos clandestinos en sectores residenciales de la ciudad.
La discusión tomó fuerza luego de los cuestionamientos del gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, quien atribuyó parte de las dificultades para intervenir en inmuebles señalados como posibles centros clandestinos a la falta de esta normativa municipal.
Según Bermúdez, la ordenanza permitiría establecer mecanismos de control para que los comisarios municipales puedan intervenir en determinados espacios, con el acompañamiento de la Policía Nacional.
Ante este escenario, la concejal Diana González anunció que solicitará formalmente que el proyecto vuelva a ser analizado por el Concejo Cantonal.
“Hoy emitiré un oficio para solicitar que esta ordenanza sea nuevamente llevada al Concejo Cantonal y pueda recibir el trato correspondiente”, señaló la edil.
González defendió la importancia de contar con una normativa específica que determine las sanciones aplicables dentro del cantón.
“Es una ordenanza importante para la ciudad porque especifica el tema sancionatorio en el cantón Cuenca”.
La derogación no eliminó las normas sobre uso de suelo
La concejal aclaró que la eliminación de la Ordenanza de Control no significa que el Municipio haya quedado sin herramientas para regular las actividades que se desarrollan en determinados inmuebles.
Explicó que continúa vigente la normativa relacionada con el uso y gestión del suelo, disposiciones que deben ser respetadas por propietarios y ocupantes de los predios.
“Existe norma con el uso y gestión de suelo, esta tiene que ser respetada porque, si no, viviríamos en tierra de nadie y eso no puede darse”, afirmó González.
El concejal Gustavo Valencia también considera necesario reabrir el debate, aunque plantea que el contenido de la normativa debe ser revisado para determinar cuáles fueron las razones que llevaron a su derogación y qué aspectos requieren una actualización.
Valencia recordó que uno de los principales desacuerdos durante el tratamiento anterior estuvo relacionado con disposiciones aplicables al sector rural. Entre los temas que generaron discusión estuvieron el lote mínimo, el fraccionamiento de terrenos y los procesos de legalización de herencias para los hijos.
El edil señaló que, desde entonces, el Municipio ha avanzado en la aprobación de planes parciales para distintas parroquias, lo que permitiría retomar el análisis de la ordenanza con una perspectiva actualizada.
“Podríamos retomar el debate de la ordenanza e irla actualizando conforme vayamos saliendo con las parroquias”, manifestó.
Valencia pidió además a la alcaldesa subrogante, Marisol Peñaloza, que convoque a un taller de trabajo para revisar los puntos que generaron controversia en la normativa derogada.
La posibilidad de que el proyecto vuelva al Concejo dependerá de que la alcaldesa subrogante disponga su inclusión en el orden del día correspondiente.
Diferencias sobre el alcance de la normativa
Aunque la propuesta de los concejales coincide con el pedido realizado por el gobernador del Azuay, existen diferencias respecto al alcance que tendría la derogación de la ordenanza en las dificultades actuales de control.
Bermúdez sostiene que la falta de esta normativa limita las posibilidades de intervención en inmuebles donde se denuncian actividades clandestinas y considera necesario establecer mecanismos que permitan una actuación coordinada entre el Municipio y la Policía.
Valencia, en cambio, cuestionó que la derogación de la ordenanza pueda ser utilizada como explicación para la existencia de prostíbulos clandestinos.
El concejal sostuvo que el Municipio mantiene instrumentos legales relacionados con el uso de suelo que pueden ser aplicados cuando se detectan actividades que incumplen las disposiciones establecidas para determinados sectores.
El debate, por tanto, no solo se centra en recuperar una normativa derogada, sino en determinar cuáles son las competencias municipales y cómo estas pueden coordinarse con las atribuciones de las instituciones del Gobierno central.
El control se complica cuando las actividades funcionan dentro de viviendas
Uno de los principales obstáculos para las autoridades aparece cuando las actividades denunciadas presuntamente se desarrollan dentro de viviendas particulares.
La intendente de Policía del Azuay, María de los Ángeles Palacios, explicó que la institución no puede ingresar directamente a un domicilio para realizar una clausura únicamente a partir de una denuncia.
Palacios señaló que la Intendencia puede ejecutar controles y clausuras dentro del ámbito de sus competencias, pero que cuando se trata de una vivienda particular se requiere seguir un procedimiento diferente.
La funcionaria pidió además a los propietarios adoptar medidas de prevención antes de arrendar sus inmuebles.
“Hay actividades clandestinas en domicilios. Por eso pedimos a la ciudadanía que, antes de arrendar una vivienda, verifique la identidad del inquilino, solicite su cédula y procure conocer sus antecedentes”.
Cuando existe una denuncia sobre una actividad presuntamente clandestina dentro de un domicilio, las autoridades deben activar una investigación. Si durante ese proceso se reúnen elementos que sustenten la denuncia, corresponde acudir a la Fiscalía para que se solicite ante un juez la autorización necesaria para intervenir en el inmueble.
Este procedimiento busca garantizar que los controles se desarrollen dentro del marco legal y respetando las restricciones que existen para el ingreso a domicilios particulares.
Totoracocha reclama operativos de control
Mientras el debate político y municipal vuelve a tomar fuerza, dirigentes barriales de Totoracocha reclaman acciones concretas frente a denuncias sobre la presencia de presuntos prostíbulos clandestinos en la zona.
Juan Bustillos, presidente del barrio Mutualista Azuay, aseguró que la situación genera preocupación entre los moradores y que la presencia de estos establecimientos estaría relacionada con un incremento de los problemas de inseguridad en el sector.
El dirigente cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades y pidió que se ejecuten operativos de control.
“Las autoridades se hacen de la vista gorda. No dan respuestas. Se necesita una ordenanza que regule el funcionamiento de estos establecimientos”, aseguró.
Bustillos afirmó que dirigentes barriales han recibido denuncias y conocen referencias sobre la existencia de entre cinco y seis presuntos burdeles distribuidos en distintos puntos de Totoracocha.
Las denuncias deberán ser verificadas por las instituciones competentes antes de determinar responsabilidades o establecer sanciones.
Una nueva ordenanza deberá definir competencias y sanciones
El eventual retorno de la Ordenanza de Control al Concejo Cantonal abrirá un nuevo debate sobre las herramientas que tiene el Municipio para enfrentar actividades que operan al margen de las regulaciones locales.
Los concejales deberán determinar qué disposiciones deben incorporarse a una eventual nueva normativa, cómo se articularán sus medidas con las leyes nacionales y los instrumentos de ordenamiento territorial y, especialmente, qué tipo de sanciones podrá establecer el Municipio dentro de sus competencias.
La discusión también deberá precisar los procedimientos para actuar frente a actividades comerciales que funcionen en sectores donde no están permitidas y diferenciar estos casos de aquellos que se desarrollen dentro de viviendas particulares, donde existen restricciones adicionales para el ingreso de las autoridades.
Por ahora, el primer paso será definir si la propuesta vuelve formalmente al Concejo Cantonal. De concretarse, los ediles tendrán la oportunidad de revisar la normativa que fue derogada, identificar los puntos que generaron desacuerdos y plantear una versión actualizada.
El debate ocurre mientras dirigentes barriales y autoridades coinciden en la necesidad de fortalecer los controles, aunque mantienen diferencias sobre las causas de las actuales dificultades y sobre el papel que debería cumplir una nueva ordenanza frente a las denuncias de establecimientos clandestinos en zonas residenciales de Cuenca.
Sé el primero en comentar