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Radiodifusores locales alertan por irregularidades y falta de transparencia en el proceso de adjudicación de frecuencias en Ecuador

El concurso nacional para renovar y otorgar nuevas frecuencias radiofónicas ha generado inquietud entre concesionarios, expertos en medios y gremios del sector, quienes advierten sobre posibles manejos irregulares, falta de socialización y coincidencias preocupantes con el calendario electoral.

La reciente convocatoria nacional para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico ha encendido las alarmas entre los radiodifusores del país. Las críticas van desde la falta de transparencia en el proceso, la escasa socialización de sus bases, hasta el momento elegido para su ejecución: justo en medio de un proceso electoral.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), tanto a nivel nacional como provincial, se ha elevado una voz de advertencia que expone una serie de inconsistencias que podrían afectar la equidad del concurso y la estabilidad del sector.

Un proceso bajo sospecha

El proceso, que se extiende desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 10 de abril de 2025, ha sido cuestionado principalmente por coincidir con las elecciones presidenciales. Esta superposición genera suspicacias sobre las verdaderas motivaciones detrás de su programación.

El concurso de un bien público no debe estar ligado a un proceso electoral. No digo que ahora lo estemos, pero eso puede generar dudas”, sostiene Galo Crespo, vicepresidente de AER Azuay, quien este año cumple 30 años de trayectoria en la radiodifusión.

Aunque Crespo no participa en esta edición del concurso —su frecuencia actual fue adjudicada en 2017 con una vigencia de 15 años—, afirma que el actual contexto sería incómodo para cualquier concesionario. “Estamos a las puertas de un proceso electoral. No sería lo correcto”, advirtió.

Denuncias y falta de socialización

La preocupación ha escalado hasta las máximas autoridades del sector. El presidente nacional de AER, Kleber Chica, remitió el pasado 23 de febrero un oficio dirigido al ministro de Telecomunicaciones, César Martín, y al director ejecutivo de Arcotel, Jorge Hoyos, en el que detalla una serie de observaciones críticas al desarrollo del concurso.

Entre los puntos más sensibles está la falta de socialización de las bases del proceso, un paso que sí se cumplió durante el concurso de 2020 y que, según Chica, permitió una mejor comprensión de los requisitos por parte de los participantes.

Además, denunció que la obtención de pólizas de garantía, requisito indispensable para postular, se ha convertido en un “viacrucis” para los aspirantes. Muchas aseguradoras se negaron a emitirlas debido a experiencias negativas en procesos anteriores, donde Arcotel ejecutó pólizas tras la caducidad de las iniciales.

Lo más grave, según AER, es que esta dificultad se conoció tardíamente. “Recién en la tercera semana de enero de 2025 se supo que el Banco del Pacífico estaba emitiendo pólizas”, explicó Chica. Pese a la solicitud del gremio de extender el plazo de postulación en 30 días, la prórroga concedida fue insuficiente.

Acusaciones de irregularidades

El propio presidente de AER también alertó sobre presuntas redes de personas que estarían manejando a ciertos concursantes, en lo que considera una tentativa de acaparamiento de frecuencias. Si bien no se ha revelado públicamente la identidad de los involucrados, la denuncia levanta serias preocupaciones éticas y legales.

En el plano local, algunos radiodifusores en Cuenca han preferido guardar silencio público, temerosos de represalias en un proceso que, aseguran, aún carece de garantías plenas de transparencia.

A esto se suma una advertencia de fondo: la posible utilización del concurso como plataforma para el testaferrismo y el lavado de dinero. “Debe existir un control exhaustivo para evitar que se utilicen emisoras con fines ilícitos. También creemos que debe haber un límite en la cantidad de radios por ciudad, según su población”, afirma Crespo.

Expertos también critican el proceso

El analista político y experto en medios de comunicación Francisco Rocha ha sido aún más contundente: “La sospecha viene porque el presidente se molesta cuando los medios no transmiten solo lo que piensan sus editorialistas”, dijo en una reciente entrevista, insinuando que podría existir una intención de condicionar la línea editorial a través del control de frecuencias.

Rocha también critica la ejecución del concurso en un contexto de elecciones, argumentando que los procesos que involucran bienes públicos deben estar blindados de cualquier influencia política.

Un proceso clave en manos de Arcotel

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) es la entidad responsable del proceso competitivo para la adjudicación de frecuencias en radio y televisión abierta. La institución asegura haber actualizado las bases, los requisitos y los criterios de valoración, aunque varios actores del sector cuestionan que los cambios no fueron difundidos con suficiente antelación ni claridad.

AER Nacional también advirtió que el concurso no contempla mecanismos de revisión o apelación claros, una omisión que compromete el debido proceso y el derecho a la defensa de los postulantes.

Cronograma del proceso de adjudicación

31 de diciembre de 2024: Publicación de la convocatoria oficial.

Hasta el 7 de febrero de 2025: Recepción de solicitudes.

11 de febrero de 2025: Ingreso de documentación en la plataforma tecnológica.

10 de abril de 2025: Resolución final de adjudicación, apenas tres días antes del balotaje presidencial.

Los resultados se notificarán por correo electrónico y serán publicados en el portal web de Arcotel.

DATOS CLAVE

En Cuenca existen 37 frecuencias radiales en FM, según AER Azuay.

Las frecuencias son un bien público y su adjudicación debe seguir principios de equidad, transparencia y legalidad.

La falta de pólizas de garantía emitidas a tiempo ha dejado a decenas de aspirantes en riesgo de ser excluidos del proceso.

Se han presentado alertas sobre la posible manipulación del proceso por terceros, el uso de testaferros y el lavado de activos.

En un momento crucial para el país, la transparencia en la asignación de las frecuencias no solo garantiza el pluralismo en los medios, sino también la fortaleza de la democracia. Para muchos en el sector, el proceso en marcha aún tiene demasiadas sombras. Y esas sombras, advierten, deben despejarse antes de que la señal se pierda por completo.

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