Concebido como un ícono de modernidad y desarrollo urbano, el Tranvía de Cuenca atraviesa hoy uno de los momentos más complejos desde su puesta en marcha. A casi cinco años de su inauguración oficial en 2020, el sistema enfrenta reclamos internacionales por 34,3 millones de dólares, un déficit operativo anual cercano a los tres millones, y una creciente pugna política que pone en entredicho su sostenibilidad a largo plazo.
El proyecto, cuya inversión inicial se estimó en 230 millones de dólares pero que finalmente bordeó los 300 millones, se ha convertido en un tema de alta sensibilidad para la administración local. El alcalde Cristian Zamora lo resumió sin rodeos: “Seguimos pagando la barbaridad de deuda que me ha tocado asumir por los laudos del tranvía, por decisiones del pasado que me y nos toca afrontar como ciudad”.
Juicios y laudos: un pasado que sigue cobrando factura
De acuerdo con datos de la Procuraduría Municipal, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cuenca enfrenta cinco procesos arbitrales internacionales iniciados por las empresas Artelia, CCRC, GME-CITA y ACTN, todas involucradas en la construcción, fiscalización o finalización del sistema tranviario entre 2013 y 2020.
Entre los principales reclamos destacan:
Consorcio CCRC: $7,87 millones (pagados $5 millones).
Artelia 1: $1,93 millones (pagados $2,4 millones mediante bonos del Estado).
GME-CITA: $10,58 millones.
ACTN: $6,72 millones.
Artelia 2: $7,2 millones (pendiente de ejecución hasta diciembre de 2024).
En total, la administración actual ha desembolsado cerca de $10 millones, pero aún restan por pagar alrededor de $24 millones, a lo que se suman $27 millones de deuda con el gobierno francés.
Fuego cruzado político
Las revelaciones del alcalde Zamora desataron una ola de críticas. El exalcalde Pedro Palacios, en cuyo periodo se finiquitaron algunos contratos clave, solicitó una audiencia pública para presentar “documentos reales, no forjados” y exigir transparencia sobre las decisiones que llevaron a las indemnizaciones.
Palacios responsabiliza a la actual administración por la pérdida de tres laudos arbitrales por un valor de $25,8 millones, y cuestiona la estrategia de defensa legal del Municipio. “¿Cómo es posible que, con acuerdos parciales firmados, se haya perdido un caso por el doble de lo que se reclamaba?”, inquirió.
Desde la administración municipal, las respuestas no se hicieron esperar. Alfredo Aguilar, coordinador de Movilidad, acusó a la gestión de Palacios de demoras y decisiones apresuradas que provocaron sanciones e intereses. “En 2023 se pagaron $1,5 millones solo en intereses por esa irresponsabilidad”, señaló. Además, explicó que en uno de los casos más costosos, el tribunal arbitral consideró ilegal la terminación unilateral de un contrato con Artelia.
Fiscalización y presión ciudadana
En medio de la controversia, el Concejo Municipal también se ha activado. La concejala Jenny Bermeo, vicepresidenta de la Comisión de Planificación Financiera y Presupuesto, anunció una fiscalización integral de los laudos y propuso remitir la documentación a la Contraloría General del Estado para que se determinen responsabilidades administrativas y civiles.
“La tarifa de 30 centavos no cubre ni de lejos los costos reales, que ascienden a 82 centavos. Y desde este año, con la finalización del proyecto, todo el personal del Tranvía pasó a la nómina del Municipio. Es un proyecto que inició mal y sigue mal. No sabemos si será rentable algún día”, lamentó Bermeo.
Ciudadanía exige rendición de cuentas
Desde la sociedad civil también surgen voces que claman por claridad. Juan Bustillos, exmiembro de la veeduría ciudadana del Tranvía, pidió iniciar un proceso de derecho de repetición contra quienes tomaron decisiones perjudiciales para la ciudad.
“La deuda debe pagarse, pero los cuencanos no podemos seguir cargando con los errores de unos pocos”, expresó Bustillos, quien además propuso:
Un Cabildo ampliado para informar a la ciudadanía.
Austeridad en el gasto municipal y priorización del pago de la deuda.
Eficiencia en la recaudación de multas de tránsito por medio de la EMOV.
Exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la promesa del expresidente Guillermo Lasso de cofinanciar el déficit.
Impulsar una Ley de Compensación Ambiental por el aporte del Tranvía a la movilidad limpia.
Crear incentivos tributarios a los comercios del eje tranviario.
¿Un “juguete caro” con futuro incierto?
Bustillos planteó una pregunta que resuena cada vez con más fuerza: “¿Conviene seguir manteniendo este juguete caro? En pocos años habrá que pensar en su renovación, ya que la vida útil del tranvía es de apenas 10 a 15 años”.
A día de hoy, el Tranvía de Cuenca sigue siendo un símbolo: no ya de modernidad, sino de cómo una obra emblemática puede convertirse en un lastre financiero y político si no se gestiona con visión, transparencia y responsabilidad. La pregunta no es solo cómo seguir operándolo, sino si Cuenca puede sostenerlo sin hipotecar su futuro.
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