Una medida cautelar interpuesta por organizaciones sociales y comunitarias de Azuay pretende detener la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa Dundee Precious Metals (DPM). La licencia, aprobada el pasado 23 de junio y difundida públicamente el 8 de julio, autoriza el inicio de la fase de explotación en una zona ambientalmente sensible de Kimsacocha.
La acción legal fue presentada ante la Unidad Judicial de la Familia de Cuenca, donde el juez Pablo Fernando Almeida será el encargado de decidir si procede o no la solicitud. Según Yaku Pérez, uno de los representantes del colectivo demandante, la medida busca evitar «un daño grave e irreversible» al ecosistema y al sistema hídrico de la zona. Pérez adelantó que, en caso de ser negada la cautelar, recurrirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La oposición comunitaria se sustenta en años de resistencia social a la actividad minera en Cuenca. Ruth Pugo, habitante de San Pedro de Escaleras, reiteró el rechazo de su comunidad tanto a la minería legal como ilegal, y exigió respeto a las decisiones colectivas ya adoptadas en consultas y asambleas anteriores.
Desde la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), su presidente Lauro Sigcha señaló que se está articulando un plan de siete puntos para continuar la defensa del agua, entre los que se incluyen una “procesión” hasta Kimsacocha el 19 de julio y una marcha masiva en Cuenca el 16 de septiembre.
Por su parte, la Cámara de la Minería del Ecuador, a través de su presidente Patricio Vargas Coronel, defendió la legalidad del proceso y aseguró que la empresa cumplió con todos los requisitos técnicos y ambientales. Se estima una inversión de 500 millones de dólares y la creación de 1.200 empleos directos durante la construcción de la mina.
No obstante, entidades como ETAPA EP y la Prefectura del Azuay han expresado su rechazo. Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de ETAPA, acusó al MAATE de ignorar los estudios técnicos del municipio y ceder ante “intereses extractivistas”. El prefecto Juan Lloret, en cambio, fue más cauteloso, afirmando que respetará la movilización ciudadana, pero advirtió que no respaldará su uso como plataforma política.
El conflicto en torno a Loma Larga no es nuevo. Cuenca ha sido escenario de múltiples consultas populares y asambleas ciudadanas que han expresado un rechazo mayoritario a la minería en zonas de recarga hídrica. Con esta nueva licencia, se reaviva una disputa de más de una década entre desarrollo económico, soberanía territorial y protección ambiental.
Se espera que la justicia emita una resolución sobre la medida cautelar en las próximas 48 horas. El desenlace será clave para el futuro del proyecto y, más ampliamente, para el rumbo de la política minera en Ecuador.
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