El juez ponente Pablo Almeida, de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, negó este sábado la solicitud de medida cautelar que buscaba frenar la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) para la explotación minera en el proyecto Loma Larga, ubicado en la zona de Kimsacocha, una de las áreas más sensibles de la región.
Según Almeida, no procedía pronunciarse sobre la medida cautelar en este momento, ya que el juez Carlos Cárdenas está analizando una acción de protección presentada contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Ministerio de Energía y Minas. El juez consideró que aceptar la medida cautelar podría comprometer la seguridad jurídica del proceso en curso.
Nuevas acciones legales de las organizaciones sociales
La decisión judicial no fue bien recibida por las organizaciones sociales. La Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay (FOA) anunció que interpondrá una nueva acción legal ante el juez Carlos Cárdenas, solicitando la nulidad de la licencia ambiental que el MAATE emitió a favor de DPM. En paralelo, también están preparando acciones legales ante organismos internacionales de justicia para exigir la protección de los derechos colectivos y el medio ambiente.
La defensa de la minera y las críticas de las organizaciones sociales
Por su parte, Dundee Precious Metals emitió un comunicado en el que confirmó la entrega oficial de la licencia ambiental por parte del Gobierno ecuatoriano, un proceso que, según la empresa, se había completado el 23 de junio de 2025. La compañía destacó que había cumplido con las exigencias planteadas por la Corte Provincial de Azuay en el marco de una acción de protección presentada contra el MAATE y el Ministerio de Energía. Sin embargo, las organizaciones sociales, activistas y abogados de la región han criticado fuertemente el cumplimiento de estas condiciones, alegando que varios de los requisitos, como la consulta libre, previa e informada y el estudio técnico ambiental, no se han cumplido de manera adecuada.
Protestas y manifestaciones en defensa del agua y los páramos
La oposición a la minería en Kimsacocha sigue ganando fuerza. El pasado 8 de julio de 2025, se llevó a cabo una Asamblea Ciudadana por el Agua en Cuenca, que concluyó con la firma de un manifiesto con varias resoluciones clave. Entre ellas se incluyen la organización de una caminata a los páramos de Kimsacocha el próximo 19 de julio, una gran marcha por la defensa del agua el 16 de septiembre desde Victoria del Portete, y la solidaridad con los pueblos en resistencia de la región.
Además, se rechazó la reapertura del catastro minero que amenaza las fuentes de agua y los territorios campesinos e indígenas, así como ciertas leyes que, según los activistas, podrían favorecer la privatización y explotación de zonas protegidas. La Asamblea también instó al Municipio de Cuenca a tomar medidas legales y administrativas para proteger el territorio, en particular la cuenca de Río Blanco.
Defensa legal en curso
Como parte de sus esfuerzos, las organizaciones sociales anunciaron la conformación de un equipo jurídico especializado que coordinará la defensa legal de los derechos colectivos y de la naturaleza. Además, respaldaron un informe técnico de la empresa pública Etapa EP, instando a las autoridades provinciales y a los asambleístas a tomar una posición clara sobre el futuro del proyecto Loma Larga.
La disputa sobre el futuro de Kimsacocha continúa, con las tensiones entre las autoridades, la empresa minera y las comunidades locales a punto de escalar en una nueva fase legal y social.
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