Los terrenos clasificados como restringidos por su susceptibilidad a fenómenos de remoción de masas podrán ser recategorizados, siempre que cuenten con estudios geotécnicos detallados que justifiquen su estabilidad. Así lo establece la reciente reforma a la Ordenanza que Regula el Uso, Gestión y Aprovechamiento del Suelo, aprobada el pasado 1 de mayo por el Concejo Cantonal de Cuenca.
La normativa, que también actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y sanciona el nuevo Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), ha sido calificada por algunos colectivos ciudadanos como restrictiva y punitiva. No obstante, desde el ámbito técnico se resalta su apertura a soluciones basadas en estudios especializados.
Cambios clave: estudios y socialización obligatoria
De acuerdo con el nuevo marco normativo, los estudios de recategorización deberán incluir exploraciones de campo, ensayos de laboratorio, determinación de parámetros geomecánicos y definición de factores de seguridad por corte, entre otros criterios técnicos.
Cuando el área en evaluación involucre predios de distintos propietarios, el proponente estará obligado a socializar el proyecto con todos los actores involucrados.
Además, en terrenos con afectación alta o muy alta por remoción de masas, y que aún dispongan de áreas edificables, se establece la obligación de respetar un retiro adicional de cinco metros hacia la zona de afectación.
Construcción en zonas de inundación, bajo condiciones
La ordenanza también contempla la posibilidad de construir en suelo urbano dentro de áreas con riesgo de inundación, siempre que estas se encuentren planificadas y cuenten con infraestructura pública consolidada, como vías, sistemas de saneamiento ambiental, parques lineales o reservas de áreas verdes.
Opinión técnica: equilibrio entre seguridad y aprovechamiento del suelo
Para Fabián Méndez, ingeniero civil e investigador en geología aplicada, permitir el desarrollo urbano en zonas previamente catalogadas como riesgosas, cuando se verifica técnicamente su estabilidad, representa una oportunidad para optimizar el uso del suelo.
«Esto evita que la ciudad se expanda desordenadamente hacia áreas agrícolas o ecológicas», explicó Méndez. “Además, refuerza la confianza en la ciencia y la ingeniería como herramientas para la toma de decisiones urbanísticas responsables”.
No obstante, Méndez advierte que esta apertura no debe interpretarse como una licencia generalizada. “Existe el riesgo de generar una falsa sensación de seguridad. El estudio técnico solo garantiza las condiciones de un predio específico, pero no necesariamente las de sus alrededores”, dijo. También alertó sobre la posibilidad de que se ejerza presión para urbanizar zonas aledañas sin el mismo nivel de análisis, lo que podría poner vidas y bienes en peligro.
Actualización urgente del mapa de riesgos
En la misma línea, el ingeniero en geología Magno Alvarado subraya la urgencia de actualizar el mapa de riesgos del cantón Cuenca, argumentando que el crecimiento urbano ha superado las previsiones de los modelos actuales.
“Las lluvias intensas y los recientes deslizamientos de tierra son evidencia clara de que las zonas de riesgo deben ser reevaluadas con urgencia”, afirmó. Para Alvarado, un nuevo mapa permitiría una mejor planificación territorial y una respuesta más eficaz ante emergencias. “Zonas que antes no eran consideradas peligrosas hoy sí lo son. La actualización de esa información debe ser una prioridad estatal”, concluyó.
Contexto: planificación territorial y sostenibilidad
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) establece las directrices para el desarrollo cantonal, mientras que el PUGS operacionaliza su aplicación en el uso concreto del suelo urbano y rural. La reforma aprobada este mes busca armonizar el crecimiento urbano con criterios técnicos de seguridad y sostenibilidad ambiental.
Aunque aún persisten críticas desde sectores ciudadanos preocupados por un posible relajamiento de las normas de seguridad, la nueva normativa representa un intento por equilibrar el desarrollo urbano con el conocimiento científico, abriendo la puerta a decisiones basadas en evidencia técnica, pero sin perder de vista la necesidad de vigilancia y control riguroso por parte de las autoridades locales.
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